Este lunes, Leire Díez, anteriormente afiliada al PSOE, se presentará ante la comisión del Senado que indaga el ‘caso Koldo’ tras ser imputada por unos audios donde presuntamente proponía favores a empresarios a cambio de datos cruciales sobre Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y otras figuras.
La convocatoria para que Díez testifique, investigada por un tribunal madrileño por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, está programada para las 11.00 horas del 8 de septiembre, como se detalla en la agenda.
El partido PP, aprovechando su mayoría absoluta, ha citado a la exmilitante, considerada cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Santos Cerdán, ex alto cargo del PSOE actualmente bajo custodia preventiva debido a la investigación del ‘caso Koldo’.
Es posible que Díez opte por no declarar, amparándose en su derecho, dado que está siendo investigada, situación que se ha repetido con otros citados en condiciones similares.
SUPUESTOS TRATOS DE FAVOR A CAMBIO DE INFORMACIÓN SENSIBLE
Leire Díez, quien también ocupó cargos como jefa de Comunicación de Enusa, consejera de CISTEC Technology y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos, fue mencionada en audios publicados por ‘El Confidencial’ en mayo de 2025, donde supuestamente ofrecía favores a empresarios con procesos judiciales abiertos a cambio de información sobre el coronel de la UCO.
Tras divulgarse estos audios, el PP asoció los incidentes con un presunto intento del PSOE de «perseguir» a la UCO, que también investiga el ‘caso Koldo’.
Un informe de la UCO en junio de 2025 llevó a la renuncia de Santos Cerdán, vinculado por los investigadores a una supuesta red de corrupción en adjudicaciones públicas, implicando a figuras como José Luis Ábalos y el asesor ministerial Koldo García.
Luego de una denuncia de ASESGC, se iniciaron procedimientos preliminares contra Díez en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, quien entregó un ‘pendrive’ con información al PSOE, el cual fue derivado a la Fiscalía General del Estado y, finalmente, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para su análisis por la UCO.