Montero afirma que la UCO investiga a Vicente Fernández tras su salida de la SEPI y descarta ilegalidades en la entidad pública

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está indagando sobre el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un periodo en el que ya no ejercía como máximo responsable de la entidad pública. Al mismo tiempo, ha recalcado que, a día de hoy, las pesquisas no señalan irregularidades en la tramitación de contratos.

Además, la titular de Hacienda ha rechazado las “insidias” del PP en torno a la SEPI, reivindicando la labor de la sociedad estatal y subrayando que sus cuentas se someten a auditorías tanto internas como externas.

Explicaciones forzadas

Montero ha acudido al Senado para ofrecer explicaciones sobre las supuestas irregularidades vinculadas a la SEPI, después de las detenciones, el pasado mes de diciembre, del expresidente de la entidad, Vicente Fernández, de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Antxon Alonso. Estas actuaciones se enmarcan en una causa abierta en la Audiencia Nacional (AN) por posibles irregularidades en la contratación pública, que motivó registros de la Guardia Civil en las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recabar documentación.

En este contexto, la vicepresidenta —de cuyo departamento depende políticamente la SEPI— ha remarcado que Vicente Fernández había abandonado el organismo público “dos años” antes del periodo que la UCO mantiene bajo la lupa, comprendido entre 2021 y 2023, según ha detallado.

“Los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido”, ha explicado, recordando que Fernández dejó la empresa pública en 2019.

Montero niega irregularidades en la contratación

La responsable de Hacienda ha indicado que no existe “ninguna investigación” que evidencie, “al menos por ahora”, que haya habido “algún expediente” tramitado “de forma distinta a la legalidad”. “Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO”, ha señalado.

A su juicio, con la información disponible en estos momentos, no se aprecia “nada achacable” a “un mal funcionamiento que se pueda trasladar a la SEPI”. “Lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancien han sido o no han sido delictivos”, ha añadido.

Aunque ha manifestado que le “repugna” que haya cargos públicos que puedan aprovechar su posición política “para lucrarse económicamente”, insiste en que es necesario “perimetrar” quién debe dar explicaciones ante la Justicia, ya que, reitera, no se han detectado indicios de conductas irregulares en la SEPI.

Montero ha reiterado que tanto el Ejecutivo como el PSOE “estarán siempre entre los que actúan y toman decisiones” cuando afloran posibles casos de corrupción. “Exigimos responsabilidades políticas, iniciamos expedientes de expulsión del partido y colaboramos con la justicia, como hemos hecho desde el primer día”, ha remarcado.

Defensa de la SEPI y críticas al PP

En esta línea, ha afeado al Partido Popular que haya impulsado su comparecencia en la Cámara Alta “sabiendo como sabe que no hay ningún tipo de responsabilidad política en la SEPI”, al menos con los datos que se conocen por ahora.

“No sé si es que algunos tienen más información de un secreto de sumario”, ha lanzado dirigiéndose a los escaños del PP. “Desde luego yo no la tengo”, ha asegurado. Por ello, ha reiterado que queda pendiente determinar si “personas concretas” incurrieron o no en comportamientos “delictivos”.

En su intervención, ha reivindicado “el honor, la profesionalidad y el prestigio” de la SEPI, que ha calificado como una sociedad clave para el funcionamiento y el sostenimiento del tejido económico del país.

Montero considera, en consecuencia, que el PP ha impulsado esta sesión para intentar “manchar su nombre” y “deshumanizarla” mediante “falsedades, mentiras y bulos”.

A su entender, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo solo busca deteriorar las instituciones y “acabar con el Gobierno por lo civil o lo criminal”, pese a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha defendido, ha actuado siempre pensando en el interés general y ha reaccionado con firmeza cuando alguna persona de su “entorno” se ha “separado de la legalidad”.