La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro este miércoles que no contempla modificar la actual regla de gasto público que rige a las comunidades autónomas con el objetivo de facilitar que los territorios puedan disponer con más holgura del superávit que generan.
La propuesta de alterar esta regla de gasto ha sido planteada por el senador Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado. Chinea ha defendido la conveniencia de relajar la regla de gasto para aquellas administraciones autonómicas que, como Canarias, presentan unas cuentas saneadas y mantienen un nivel de deuda reducido.
Montero ha señalado que el Ejecutivo puede valorar que, en determinados casos, las comunidades puedan emplear los remanentes presupuestarios en ciertas inversiones concretas. Sin embargo, ha descartado cambiar la propia definición de los parámetros fiscales fijados por la normativa europea y por la Ley de Estabilidad Financiera.
En este sentido, ha subrayado que “Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando”, según ha manifestado en su comparecencia.
La responsable de Hacienda ha insistido en que el propósito de la regla de gasto es asegurar coherencia en las cuentas públicas y evitar el riesgo o la “tentación” de que algunos ejecutivos autonómicos, “en su coyuntura de gobierno, endeuden o hipotequen a generaciones de una manera que se considere que no haga sostenible ese gasto mantenido en el tiempo”.
Además, la vicepresidenta ha rememorado que las reglas fiscales permanecieron en suspenso durante cuatro ejercicios a raíz de la pandemia, lo que permitió a las comunidades autónomas utilizar el superávit acumulado “sin ningún tipo de cortapisa ni requerimiento” sobre el uso concreto de esos fondos.
Acto seguido, la ministra ha explicado que, mediante un decreto ley en 2025, ya con las reglas fiscales restablecidas, se autorizó emplear el superávit para financiar inversiones financieramente sostenibles hasta 2027.