La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este martes en el Senado que Telefónica ‘no es una empresa pública’, en respuesta al expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por la compañía para casi 6.100 individuos. Esta propuesta ha encontrado la oposición de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno.
‘Telefónica es una empresa privada que cuenta con una participación del 10% por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), lo que indica que la mayoría de su capital es privado. No es una empresa pública. Ustedes conocen la postura del Gobierno. El Gobierno siempre busca minimizar los despidos en todos los ámbitos que le corresponden y también en los demás, pero dejemos que los sindicatos trabajen, que están en pleno diálogo y, por lo tanto, acercándose al mejor acuerdo posible’, destacó Montero tras ser consultada sobre las críticas de Díaz.
Previamente, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz expresó su desacuerdo con la aplicación de un proceso de despido colectivo en la empresa de telecomunicaciones, argumentando que ‘el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones’. Además, se ha enviado una carta a la SEPI desde su ministerio, en la que se califica el ERE en Telefónica como ‘indecente’.
‘No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto’, afirmó Díaz al ser preguntada por este tema.
En cuanto a la SEPI, fuentes oficiales han indicado que la ‘exigencia’ del organismo está alineada con la mayoría del Gobierno, que aboga por alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores en temas laborales. ‘Como ha manifestado el Gobierno, la SEPI mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social. La SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo’, subrayaron las fuentes.