La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reiterado este miércoles en el Pleno que “al fascismo se le combate con un puñetazo en la boca”, repitiendo así la frase del humorista independentista Jair Domínguez, actualmente procesado por esas declaraciones y para quien Vox reclama dos años de prisión y una compensación económica.
En su cara a cara con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Nogueras ha remarcado que numerosos ciudadanos catalanes comparten la postura de Domínguez y ha reprochado al ministro que en España, bajo el actual Ejecutivo, se siente en el banquillo a personas que hacen humor por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La dirigente de Junts ha señalado que “no sorprende a nadie” que en Vox se den “por aludidos” con estas manifestaciones, y ha censurado que “la catalanofobia” no aparezca recogida en el informe oficial sobre discursos de odio. Además, ha acusado a Bolaños de presumir de “frenar a la derecha” cuando, a su juicio, tras ocho años de gobierno la izquierda española “no frena nada” y “sólo administra miedo para que nada cambie”.
En su intervención, Nogueras ha reivindicado que “nosotros somos catalanes, toda la vida hemos dado puñetazos al fascismo, un fascismo obsesionado con borrarnos, mientras la izquierda española miraba hacia otro lado, pero aún estamos aquí. Hagan lo que hagan todos ustedes seguiremos aquí mil; veces hemos caído y nos hemos levantado y así, hasta el final”, antes de denunciar que “de todos los ataques” contra los catalanes procedentes “de la boca y las porras de la derecha y la izquierda españolas sólo ha salido impunidad”.
El PSOE reivindica su trayectoria frente al fascismo
El ministro de Justicia ha respondido insistiendo en que Nogueras no puede “cuestionar” la lucha histórica del PSOE contra el fascismo, recordando que, cuando los socialistas comenzaron a padecerlo y a combatirlo, “no existía Junts ni el independentismo catalán”.
Tras esta alusión, Bolaños ha explicado que el Gobierno ha planteado una reforma del Código Penal para alinearlo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, suprimiendo el delito de ofensas religiosas, y ha ofrecido a Junts colaborar junto a otros grupos parlamentarios para sacar adelante esa modificación.
Asimismo, ha invitado a la formación de Carles Puigdemont a participar en la negociación de la reforma destinada a regular, y con ello acotar, la figura de la acusación popular, que, según ha denunciado, “se ha convertido en un congreso ultra” y cuyos efectos también “sufren el embate” los independentistas.