El Parlamento evalúa propuesta para permitir la quema controlada de residuos vegetales en zonas rurales

El Congreso estudiará una propuesta de Junts para autorizar la quema controlada de residuos vegetales en el campo, buscando facilitar la gestión de residuos y reducir cargas para agricultores.

Este martes, el Congreso revisará una iniciativa de Junts que busca autorizar la quema “controlada y responsable” de residuos vegetales en áreas rurales durante periodos de bajo riesgo de incendios. Esta medida pretende simplificar la gestión de residuos agrícolas y forestales, aliviando la carga administrativa y financiera sobre agricultores y pequeños municipios.

Se discutirá una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura. Esta fue impulsada por el partido de Miriam Nogueras, solicitando al Gobierno modificar la Ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular, establecida en 2022 por la entonces ministra Teresa Ribera.

Desde Junts, argumentan que la legislación actual impone “restricciones significativas a la quema de restos vegetales”, lo cual, aunque tiene un propósito ambiental positivo, ha generado efectos adversos en el sector agrícola y forestal, especialmente en las zonas rurales.

AHORA HAY QUE PEDIR PERMISO PARA LA QUEMA CONTROLADA

La normativa vigente, en su artículo 27.3, generalmente prohíbe quemar residuos vegetales en el ámbito agrario o forestal, excepto en pequeñas y microexplotaciones agrarias que están exentas de esta regulación. Estas últimas pueden realizar quemas solo con autorización de la autoridad competente de la comunidad autónoma, por motivos fitosanitarios o para prevenir incendios.

Para Junts, este enfoque representa una “prohibición generalizada” que ha elevado los costos de gestión a niveles que ponen en peligro la viabilidad de las explotaciones y aumenta la carga administrativa. Además, señalan que la acumulación de biomasa por estos residuos incrementa, paradójicamente, el riesgo de incendios forestales.

La proposición no de ley, según detalla Europa Press, subraya la necesidad de reformar la ley de 2022 para establecer un marco normativo “proporcionado y realista” que facilite la quema segura de residuos vegetales.

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