Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que el Gobierno destine una parte significativa de los fondos estatales a reforzar los equipos encargados de la atención directa a las víctimas de violencia machista. La iniciativa apunta a establecer como “criterio prioritario” en la distribución de estos recursos a las comunidades autónomas, enfocándose en la contratación y mejora de los profesionales del sector, para asegurar una “dotación adecuada y estable de personal” en los servicios de intervención y acogida.
La formación también solicita que en futuras reuniones de la Conferencia Sectorial de Igualdad se reserve un “porcentaje suficiente y finalista” de estos fondos para incrementar el número de especialistas, como psicólogas, abogadas y otros roles clave en la atención. Asimismo, aboga por el desarrollo de “mecanismos de seguimiento y evaluación transparentes”, en colaboración con las comunidades autónomas, para monitorear la utilización de estos fondos y su impacto en la calidad del servicio ofrecido a las víctimas.
Además, Podemos pide aumentar el compromiso político del Gobierno para mejorar las condiciones de trabajo de este personal, reconociendo su rol “esencial para la garantía de derechos fundamentales y como pilar de las políticas públicas feministas”. La proposición destaca que una atención efectiva a las víctimas de violencia machista requiere de recursos económicos y humanos adecuados, denunciando la “sobrecarga crónica, precariedad y condiciones laborales insuficientes” que actualmente enfrentan los profesionales del área.
La iniciativa recuerda las recientes protestas y huelgas de trabajadoras de los servicios de atención a la violencia machista, como las ocurridas en Madrid, donde las empleadas han expresado su agotamiento debido a la falta de personal para cubrir todas las necesidades, incluyendo las emergencias y los fines de semana. Finalmente, Podemos enfatiza la necesidad de que el Gobierno no solo distribuya los fondos, sino que también establezca criterios claros y obligatorios para que estos se apliquen directamente en mejorar las condiciones laborales y ampliar las plantillas a fin de responder adecuadamente a las necesidades reales de las víctimas.