QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En noviembre, Podemos, PP, Vox y UPN se opusieron en el Congreso de los Diputados a la última propuesta para incrementar los impuestos al diésel, una medida solicitada por la Comisión Europea para liberar más de 1.000 millones de euros de fondos europeos para España.
Dentro del contexto de una ley que busca establecer un impuesto mínimo global para las grandes corporaciones, estos partidos votaron en conjunto en contra de una enmienda del PSOE que pretendía eliminar, a partir del 1 de abril del 2025, la bonificación fiscal actual del diésel en comparación con la gasolina.
La enmienda proponía un sistema para reducir los impuestos, que se activaría si el precio promedio del diésel excediera los dos euros por litro durante dos meses consecutivos y si el precio promedio del barril de Brent aumentara el segundo mes por encima del mes anterior.
Esta medida era crucial para cumplir con las demandas de la Comisión Europea y acceder a los fondos europeos. Además, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incluía un compromiso para promover una fiscalidad ambiental bajo el principio de «quien contamina paga».
CADA UNO POR SUS MOTIVOS
El Gobierno no logró los votos necesarios en el Parlamento para aprobar la medida, enfrentando una derrota. El PP y Vox se opusieron por su rechazo general a los incrementos de impuestos y Podemos por la posible afectación a las clases trabajadoras y la preferencia de actuar contra las empresas energéticas fiscalmente.
Aunque algunos miembros del Gobierno se mostraron optimistas sobre el futuro de la medida, esta no se ha reintroducido en ningún decreto ni en otros textos legislativos debatidos en el Congreso debido a la oposición continua de Podemos, su socio de investidura.
Este lunes, la Comisión Europea ha congelado aproximadamente 1.000 millones de euros del quinto segmento del plan de recuperación y resiliencia de España, que incluye 23.900 millones de euros, compuestos por 8.000 millones en subvenciones y 16.000 millones en préstamos, debido también a fallos en las inversiones en digitalización de entidades regionales y locales. España ahora tiene un plazo adicional para cumplir con los requisitos pendientes, aunque seguirá recibiendo pagos parciales por los objetivos que ya ha cumplido.
