Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que urge al Gobierno a revisar y actualizar el Sistema VioGén y las alternativas habitacionales dirigidas a víctimas de violencia machista, entre otras actuaciones, para su debate en el Pleno.
En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación justifica este paso por la "emergencia feminista" derivada de los últimos crímenes machistas. En lo que va de 2026, han sido asesinadas por violencia de género 11 mujeres y dos menores.
En este marco, Podemos plantea revisar y poner al día el sistema de valoración de riesgo de VioGén, con el fin de disponer de información actualizada y de una valoración del riesgo realizada por profesionales que trabajan directamente con las víctimas y "para evitar minimizar el riesgo estimado, especialmente en los momentos críticos como la separación".
Del mismo modo, subraya que la erradicación de la violencia machista "no puede depender exclusivamente de la denuncia individual de las mujeres, sino de la capacidad del Estado de anticiparse, proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencias".
En coherencia con ello, reclama convocar el comité de crisis, órgano en el que se estudian los últimos asesinatos machistas, "cada vez que sea necesario" y presentar "de manera clara" la evaluación "sobre los fallos en el sistema que no han protegido a las mujeres".
La propuesta también pasa por cerrar con las administraciones implicadas los acuerdos necesarios para asegurar los derechos de todas las mujeres, hacer públicas las conclusiones y garantizar un seguimiento real de las medidas que se adopten.
Por otra parte, Podemos insta a reforzar los mecanismos de detección precoz. Para ello, detalla que el Gobierno y las administraciones competentes remitirán circulares a los colegios profesionales de medicina, psicología, enseñanza, trabajo social y abogacía de médicos, "para ofrecer información y recordar su deber legal de dirección temprana, así como de activación de los protocolos de protección de mujeres e infancia ante los primeros indicios".
Formación y medios para profesionales
Además, la iniciativa reclama garantizar formación obligatoria y acreditada en detección de violencias machistas para el personal de los ámbitos sanitario, educativo y social, así como para los miembros de la judicatura que intervienen en procedimientos relacionados con violencias machistas.
Igualmente, pide dotar de medios humanos y materiales "suficientes" para analizar la eficacia de la protección judicial en las secciones de Violencia sobre la Mujer y en las instancias superiores del Poder Judicial, así como asegurar el cumplimiento, por parte del Consejo General del Poder Judicial, junto a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de la obligación de especialización de los órganos judiciales.
En la misma línea, propone reforzar los puntos violetas, garantizar su accesibilidad para todas las mujeres y que las personas que los atienden cuenten con la formación adecuada, prestando especial atención a la interseccionalidad necesaria para la atención a mujeres migrantes.
Los 'morados' también exigen "canales seguros", como la figura de la mediadora intercultural y la trabajadora social, "para que las mujeres puedan llegar a los recursos de violencia de género".
Protección de menores y alternativa habitacional
En relación con los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista, la formación insiste en la importancia de asegurar la suspensión automática del régimen de visitas cuando exista "valoración de riesgo alto o indicios fundados" de violencia vicaria, "priorizando siempre el interés superior del menor, tal y como mandata la Ley de protección a la infancia".
Sobre los medios de comunicación públicos, Podemos reclama que se garantice una cobertura de las violencias machistas "en consonancia con la legalidad vigente, velando por la igualdad entre hombres y mujeres y evitando caer en conductas que puedan revictimizar a las mujeres que denuncian violencias machistas".
Por último, la proposición demanda poner en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de choque de alternativa habitacional destinado a las mujeres víctimas de violencia de género.