Podemos plantea que, tras completar los planes de estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado, Máster Universitario o Doctorado en una universidad privada, los estudiantes tengan que superar una prueba teórica sobre el contenido de sus estudios, organizada por una universidad pública de su misma provincia, como requisito previo para la obtención definitiva del título.
Esta medida figura en una enmienda registrada por la formación morada al proyecto de ley orgánica que modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU), enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press.
En otra de sus propuestas, Podemos reclama cambiar la Ley de Universidades para impedir que las administraciones públicas puedan “financiar directa ni indirectamente a centros universitarios privados”.
Del mismo modo, el partido defiende que no se pueda reconocer una universidad privada “salvo que, en el ejercicio anterior al de su reconocimiento exista un 10% de solicitantes de plaza en los estudios de grado que, cumpliendo los requisitos académicos mínimos, no hayan obtenido la misma”.
Por su parte, la iniciativa registrada por el PSOE en el Congreso determina que las prácticas académicas externas del alumnado universitario, cuando tengan carácter curricular, no supongan en el momento de su acuerdo ninguna transacción económica, ya sea en forma de precio o de donación, entre la universidad de origen y la entidad de destino.
Con esta disposición se pretende evitar que la mayor capacidad económica de algunas instituciones de educación superior “pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario” y, al mismo tiempo, garantizar un acceso en condiciones de igualdad de todo el alumnado universitario al conjunto de oportunidades que representan las prácticas académicas externas.
En el ámbito de la Formación Profesional ya existe un marco similar, puesto que la normativa vigente señala que “no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”.
La proposición de ley socialista busca trasladar este enfoque también a la educación universitaria, de modo que universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, tanto públicas como privadas, puedan formalizar los acuerdos que consideren necesarios con empresas, instituciones, entidades u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, con el fin de garantizar el acceso efectivo de todo el estudiantado universitario a la realización de prácticas académicas externas en dichas entidades.