Podemos ha presentado en el Congreso una proposición no de ley centrada en la violencia sexual en las Fuerzas Armadas. En el texto, la formación exige al Gobierno una auditoría externa e independiente sobre los casos de acoso sexual y por razón de género registrados en el Ejército durante los últimos diez años, así como que todas las denuncias por violencia sexual en el ámbito castrense pasen de forma obligatoria a la jurisdicción penal ordinaria.
La propuesta, registrada para su debate en el Pleno, plantea que dicha auditoría revise denuncias, procedimientos, resoluciones y respuestas adoptadas por Defensa, garantizando la participación de entidades civiles feministas con experiencia en igualdad y derechos humanos.
Además, el grupo morado quiere que cualquier denuncia por violencia sexual en el entorno militar sea investigada y juzgada exclusivamente por la justicia penal ordinaria, de modo que estos casos dejen de tramitarse dentro de la jurisdicción militar o por órganos sometidos a la cadena de mando.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama también cambiar "de manera inmediata y en profundidad" el protocolo frente al acoso en las Fuerzas Armadas, con el objetivo de asegurar la protección real de las víctimas, la seguridad jurídica y la "!erradicación de la impunidad".
Entre las modificaciones planteadas se incluye frenar el uso abusivo de las informaciones previas como herramienta dilatoria, fijar plazos máximos de tramitación, proteger la identidad de la denunciante desde el inicio del proceso y vetar de forma expresa la entrega del formulario de denuncia a la persona señalada como acosadora.
Asimismo, Podemos propone regular el momento en que el expedientado pueda recibir el contenido de la denuncia, garantizar una confidencialidad total de las actuaciones y adaptar el protocolo a la normativa de protección de datos y a la directiva europea. También reclama reconocer a la víctima como parte en el procedimiento sancionador y designarle un asesor o asesora confidencial, independiente de la jerarquía, que la acompañe durante todo el itinerario administrativo.
La iniciativa pide igualmente una reforma profunda de la actual Unidad de Protección frente al Acoso, sustituyéndola por una estructura desligada de la cadena de mando militar, compuesta por personal civil con perspectiva feminista y formación en igualdad y derechos humanos. A ello se suma la exigencia de reforzar las medidas de protección y reparación para las víctimas, implantar formación obligatoria y evaluable en igualdad y prevención de violencias machistas para todo el personal de las Fuerzas Armadas y publicar cada año un informe detallado sobre denuncias, investigaciones y resoluciones en materia de acoso sexual o por razón de género en el Ejército.
265 demandas desde la entrada en vigor del protocolo
En su exposición de motivos, la PNL recuerda que entre 2016 y 2023 se registraron 265 demandas desde la aprobación del protocolo de actuación frente al acoso elaborado por el Ministerio de Defensa. De ellas, el 16% (43) concluyeron en condena o sanción, mientras que el 60% (160) fueron archivadas. Añade que en 2023 se alcanzaron 46 procedimientos abiertos y que, a 1 de enero de 2024, ninguna de estas denuncias había derivado en una condena o sanción.
El texto subraya que el acoso sexual y por razón de género en las Fuerzas Armadas constituye una forma de "violencia machista" agravada por la estructura jerárquica. Denuncia, además, que las denuncias se clasifican como documentos reservados al amparo de la Ley de secretos oficiales y que la mujer que denuncia "!no es parte en el procedimiento disciplinario" y que la resolución dictada es "irrecurrible".
Según la formación morada, este marco vulnera principios como la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley "y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias machistas".