QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha indicado que las penalizaciones tras los problemas técnicos en las pulseras telemáticas para maltratadores no están descartadas. «Nosotros estamos auditando todo esto. Y ya veremos. Es que las penalizaciones en un contrato están ahí. Nadie ha dicho que no se vaya a penalizar, ni que sí. Simplemente les digo que estamos viendo, estamos auditando cada paso y estamos pidiendo explicaciones de determinadas cuestiones», explicó Martínez Perza durante su intervención en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados.
En esta ocasión, la delegada ha abordado la gestión del Ministerio de Igualdad respecto a los dispositivos de seguimiento, destacando que los errores reportados no son tales, sino «incidencias» que son parte de la normalidad en el uso de tecnologías. «Pero en cuanto a la cobertura, les puedo decir, antes le hablé de 30 millones de geoposicionamientos diarios y, sí, le puedo decir que de todos los tipos de errores, de errores que pudieran haber técnicos, solo se registran de esos 30 millones al día 0,0004», señaló.
La delegada también resaltó la resolución de una incidencia importante en la migración de datos en diciembre de 2024 y mencionó que diariamente se producen muchas incidencias mientras se ajustaban los dos sistemas. «Tenemos que prever que pasen cosas, tenemos que prever incidencias, pero para eso estamos, para responder y respondemos con protocolos, respondemos auditando la actuación de las empresas que son adjudicatarias y respondemos en su caso, en su caso, si no se soluciona, pues pidiendo las responsabilidades oportunas», afirmó.
Además, Martínez Perza expresó su intención de iniciar «campañas de información y sensibilización máxima» para mejorar la percepción pública de las pulseras tras un periodo de desprestigio.
Las respuestas de otros partidos políticos también se hicieron eco en la comisión, donde se debatieron las responsabilidades del Ministerio de Igualdad y la necesidad de garantizar la seguridad de las mujeres a través de estos dispositivos de control.
