El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha aprobado este miércoles la activación formal de un conflicto de atribuciones contra el Congreso de los Diputados por lo que los populares consideran un “bloqueo” sistemático a las proposiciones de ley procedentes de la Cámara Alta. El movimiento abre el camino para que el caso pueda terminar ante el Tribunal Constitucional si el Congreso no atiende las reclamaciones.
El PP habla de «Estado de derecho en juego»
Durante el debate, el senador Antonio Silván defendió que lo que está en cuestión “no es una tramitación, es el propio Estado de derecho”. El PP considera que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, mantiene “secuestradas” más de 30 leyes impulsadas por los populares y aprobadas ya en el Senado.
Según la portavoz del PP, Alicia García, “más de la mitad serían aprobadas también en el Congreso si los grupos mantuvieran su coherencia de voto”. Entre las materias afectadas, citó medidas sobre ocupación ilegal, rebajas fiscales, seguridad, conciliación y fiscalidad para sectores agrarios y pesqueros.
El procedimiento se activa después de que el PP reformase el Reglamento del Senado para habilitar esta vía, un cambio aprobado hace apenas dos semanas. El partido ya había anunciado su intención de acudir al Constitucional si persistía la falta de tramitación en el Congreso.
Un mes para responder
Con la aprobación del conflicto por el Pleno del Senado, la Cámara Alta remitirá el escrito al Congreso, que dispone de un mes para responder. Puede aceptarlo, rechazarlo o simplemente no contestar. Si la respuesta es negativa —o inexistente—, será el Senado quien decida si eleva finalmente el caso al Tribunal Constitucional.
Nuevo capítulo en un conflicto institucional
Se trata de un nuevo choque entre ambas cámaras tras los desencuentros generados por la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o el trámite de determinadas enmiendas. El conflicto, según el PSOE, se ha convertido en un mecanismo de uso recurrente por parte del PP.
La senadora socialista Abigail Garrido acusó a los populares de “llevar al límite” esta herramienta —que cifra en diez ocasiones— y recordó que cuando el PP tenía responsabilidades en la Mesa del Congreso “hizo uso de la prórroga sistemática de enmiendas en los mismos términos que hoy denuncia”.