El Partido Popular señala a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 como la causante de la desaparición de más de 120.000 viviendas del mercado de alquiler, debido al aumento de la “inseguridad jurídica”. En respuesta, solicitarán al Congreso su revocación la próxima semana.
Durante la próxima sesión en el Pleno de la Cámara Baja, el PP defenderá una moción que surge tras una interpelación urgente instada por Alberto Núñez Feijóo a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Según la moción, que fue documentada por Europa Press, la ley acordada entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu ha llevado a muchos propietarios a decidir vender sus propiedades, retirarlas del mercado o cambiarlas al sector del alquiler temporal.
PONEN DE EJEMPLO A CATALUÑA
Como muestra de los efectos negativos de esta ley, el PP utiliza el caso de Cataluña, donde se aplicaron por primera vez las restricciones de precios de alquiler establecidas por la Ley de Vivienda. De acuerdo con datos de Idealista citados por el PP, los precios han ascendido un 8,7% en el último año y de cada tres viviendas retiradas del mercado de alquiler en España, una corresponde a Cataluña. Además, en Barcelona, la demanda por cada piso disponible es ahora de 341 solicitudes, en comparación con las 77 previas a la ley.
Por estas razones, el partido aboga por la derogación de una ley que, a su juicio, fomenta la “inseguridad jurídica, aumento de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación”.
LUCHA CONTRA LA ‘OKUPACIÓN’
El PP también denuncia el incremento de la ocupación ilegal de viviendas, destacando que actualmente hay unas 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España. Resaltan que un 30% de las personas afectadas no denuncia debido a la demora en los procesos judiciales, que pueden extenderse hasta 18 meses.
En este contexto, el PP exige medidas para asegurar la expulsión de los ocupantes ilegales en un plazo de 24 a 48 horas. Adicionalmente, su moción incluye propuestas para mejorar el acceso a la vivienda para los jóvenes y para crear la figura del ‘Proyecto Residencial Estratégico’, que agilizaría los procesos de construcción y asignaría la mitad de las viviendas a sectores de vivienda asequible.