QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, destinada a su discusión en Pleno, mediante la cual solicita al Gobierno que lleve a cabo una auditoría “integral” del sistema de vigilancia telemática de las órdenes de alejamiento en situaciones de violencia de género y violencia sexual.
De acuerdo con la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP demanda una auditoría “técnica, operativa y judicial independiente” del sistema Cometa, responsable de las pulseras de monitoreo telemático para agresores, tras el cambio de proveedor ocurrido en 2023.
Esta petición surge tras la advertencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), en su Informe de 2024, sobre absoluciones relacionadas con errores en los dispositivos telemáticos para agresores.
En este contexto, los ‘populares’ proponen evaluar el impacto de la pérdida de datos en los procedimientos judiciales afectados, detallando el número de casos, las resoluciones judiciales comprometidas y las víctimas potencialmente desprotegidas, con información específica por comunidades autónomas y provincias.
Además, instan a que se presenten a la comisión los informes que certifiquen la competencia técnica y profesional de las empresas contratadas. Sobre los dispositivos adquiridos por la empresa que se hizo cargo del sistema Cometa desde 2023, el PP exige información sobre sus características específicas, incluyendo certificaciones técnicas, homologaciones y controles de calidad que aseguren su eficacia.
Asimismo, se solicita información detallada sobre la adquisición de estos dispositivos por parte del Ministerio de Igualdad, incluyendo el coste y los proveedores, así como las razones del cambio de un modelo de alquiler a la compra de terminales.
Finalmente, el PP pide que se evalúe la fiabilidad y respuesta de los dispositivos actuales, y que se reemplacen “si su solvencia técnica se revela como inadecuada para la seguridad de las víctimas”.
CAUSAS TÉCNICAS DE LOS FALLOS
Adicionalmente, se requiere un informe a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de género del Congreso, en un máximo de 60 días, sobre las causas técnicas de “los diferentes fallos que se detectan”; las acciones para “recuperar o reconstruir los datos perdidos”; los protocolos de seguridad vigentes y las medidas de mejora en curso para “corregir los continuos y múltiples errores”.
También se propone la creación de un mecanismo de supervisión permanente, con la colaboración de diversas administraciones, “para garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir futuras incidencias”.
Por último, se aboga por reforzar la información en los juzgados y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el manejo y control de estos dispositivos y las mejoras implementadas, “asegurando una respuesta rápida ante cualquier fallo técnico”.
