En una reciente sesión plenaria, el Senado ha dado luz verde a una nueva iniciativa del PP que busca responder al “veto” del Gobierno de Sánchez a ciertas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible. Esta acción podría derivar en un enfrentamiento jurídico ante el Tribunal Constitucional (TC).
Este enfrentamiento representa el duodécimo de este tipo durante la actual legislatura, siguiendo otros conflictos sobre variadas legislaciones y presupuestos. Con su mayoría en el Senado, el PP ha podido avanzar esta medida que ahora espera respuesta del Congreso y del Gobierno, quienes disponen de un mes para reaccionar ante el conflicto de atribuciones planteado.
Las enmiendas en cuestión son la 118 y la 148, que introducen un nuevo artículo y una disposición transitoria en la ley, apuntando a la financiación de la movilidad sostenible y la compensación en contratos públicos afectados por la ley, respectivamente. Sin embargo, el Gobierno ha bloqueado estas modificaciones argumentando impacto en el equilibrio presupuestario.
Durante el debate, el diputado del PP, Israel Roberto Pérez, ha criticado duramente al Gobierno, acusándolo de realizar una “obscena cacicada”. Por su parte, el senador socialista José Manuel Franco ha justificado el veto gubernamental como un ejercicio legítimo de sus poderes constitucionales.