QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Utilizando su mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular ha logrado aprobar un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que tiene como fin último que este sea llevado ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo es presionar al Ministerio de Hacienda para que presente de inmediato el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026.
El debate, que se caracterizó por su tono áspero, incluyó varias advertencias del presidente del Senado, Pedro Rollán, a los senadores del PSOE para que mantuvieran el foco en el tema de discusión y no desviaran la atención hacia otros asuntos polémicos entre los dos principales partidos.
Proceso de tramitación del conflicto
Con la adopción de este proceso por parte del Senado, ahora se espera que el Ejecutivo responda dentro de un plazo de un mes tras recibir la notificación del conflicto. Si el Gobierno decide no responder o su respuesta es desfavorable, será el Senado quien determine si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional.
Según el documento presentado, el PP manifiesta que el Senado no puede «permitir ni aceptar» una infracción a la obligación constitucional del Gobierno de presentar los presupuestos. Además, critican la práctica de realizar modificaciones presupuestarias sin pasar por el Parlamento, lo que consideran una violación al principio de legalidad presupuestaria.
El partido en el gobierno argumenta que la situación de prórroga presupuestaria que se prevé para 2026, similar a la de 2020 durante la crisis de COVID-19, carece de justificación, afirmando que la falta de acuerdos con otras fuerzas parlamentarias no es excusa para no cumplir con las obligaciones constitucionales.
