La próxima semana, el PP instará al Congreso a votar para urgir al Gobierno a adoptar su estrategia migratoria, que incluye propuestas como un sistema de autorización de migrantes basado en puntos.
Según ha revelado Europa Press, la propuesta se presenta como una moción derivada de una interpelación urgente al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, centrada en las acciones prioritarias del Gobierno en cooperación territorial y en el cumplimiento de acuerdos con las comunidades autónomas.
Desde el PP, se solicita la creación de un sistema de autorizaciones de residencia y/o trabajo temporales y por puntos que sea “transparente y objetivo” y que evalúe aspectos como la formación, experiencia, idioma e integración. Este sistema incluiría “vías específicas” para la contratación en origen en áreas de difícil cobertura y para la búsqueda de trabajo en sectores con alta demanda, además de un programa de migración circular y contratación temporal en colaboración con las comunidades autónomas.
Además, proponen modificar tanto el Código Penal como la Ley Orgánica del Poder Judicial para intensificar la lucha contra el tráfico de migrantes en aguas internacionales y contra las mafias, aplicando penas más severas en casos de reincidencia, explotación o pertenencia a organizaciones criminales, y extendiendo la responsabilidad penal a colaboradores o facilitadores de estas actividades ilícitas.
El partido también demanda “retornos y expulsiones rápidos y eficaces” a través de la implementación del futuro Reglamento de Retorno de la UE, revisión de acuerdos con terceros países para garantizar su cumplimiento y establecer la expulsión como norma general frente a delitos graves o reincidencia dolosa.
En cuanto a la ley de extranjería, el PP busca recuperar el carácter excepcional del arraigo, revisar los criterios de reagrupación familiar y los controles anti fraude, eliminar el silencio administrativo positivo en los procedimientos de residencia y trabajo y exigir la ausencia de antecedentes penales. Además, pretenden modificar la ley de asilo para agilizar y asegurar la eficacia del sistema, proveyendo más recursos y personal para tramitar las solicitudes y evitar fraudes en el acceso a la protección internacional.
Respecto a los menores migrantes no acompañados, piden garantizar la determinación de la edad en un máximo de 72 horas, promover el retorno y la reunificación familiar mediante acuerdos con los países de origen y tipificar penalmente el fraude de edad. También sugieren revisar el Ingreso Mínimo Vital para vincular su percepción a la búsqueda activa de empleo y la contribución al mercado laboral.
Finalmente, proponen reforzar los recursos humanos y tecnológicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cooperación con Frontex, y reformar el régimen de concesión de la nacionalidad española para que refleje un compromiso real con los valores y la historia de España.