En una reciente sesión en el Senado, el PP ha introducido varias enmiendas que disminuyen la necesidad de utilizar lenguas cooficiales en la atención al cliente, según el proyecto de Ley que regula estos servicios. Esta ley había sido destacada por Junts como una de las cinco normativas que deseaban ‘indultar’ tras su distanciamiento del Gobierno.
Estas modificaciones del PP deberán ser confirmadas la próxima semana por el Pleno del Senado, donde poseen la mayoría, aunque posteriormente necesitarán el visto bueno del Congreso, que podría revertir los cambios efectuados en el Senado o mantener el texto inicial enviado por la Cámara Baja.
“Existirá la obligación de prestar atención al cliente en las lenguas cooficiales exclusivamente para las empresas, que tengan su sede, establecimiento, delegación o centro de prestación de servicios situado en el territorio de la comunidad autónoma en la que dicha lengua tenga carácter oficial. Fuera de dicho ámbito territorial, las empresas únicamente estarán obligadas a garantizar la atención en castellano”, explican desde el PP sobre la enmienda introducida.
Además, se establece que las solicitudes en lenguas cooficiales solo serán obligatorias cuando el servicio de atención al cliente ocurra dentro del territorio de la comunidad autónoma correspondiente. También se elimina el requisito de que los empleados deban tener una formación específica en lenguas cooficiales.
Tras la aprobación de esta propuesta por la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado, el proyecto seguirá su curso parlamentario en el Pleno la semana próxima. Durante este proceso, se añadieron 51 enmiendas del PP, aunque enfrentaron la oposición de varios partidos que mantendrán sus propuestas activas para el debate en el Pleno.
Entre otros cambios, el PP también ha modificado términos como ‘clientela’ por ‘cliente’ y ha ajustado los plazos para responder a consultas y reclamaciones, aumentándolos de 15 a 30 días hábiles. Asimismo, han alterado los horarios del servicio de atención al cliente y las normativas sobre publicidad en la industria del juego.
Durante la sesión, voceros de varios partidos expresaron su desacuerdo con los plazos de tramitación, calificándolos de insuficientes para un análisis adecuado de las enmiendas. La propuesta de veto de Vox fue rechazada, mientras que desde el PSOE y Más Madrid criticaron la orientación ideológica de Vox y el enfoque del PP en la ley.