El PP, el PSOE y Vox han rechazado este martes en el Congreso las iniciativas planteadas por Sumar para introducir nuevos límites a los microcréditos con los que los partidos financian sus campañas electorales, tanto en el importe máximo de cada préstamo como en el tiempo disponible para devolverlo.
En sus propuestas de resolución sobre los últimos informes del Tribunal de Cuentas relativos a las elecciones generales de 2023 y a las europeas de 2024, recogidas por Europa Press, Sumar planteaba que la cantidad máxima por prestamista “no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas”, actualmente fijado en 50.000 euros anuales.
Asimismo, Sumar defendía que estos microcréditos se canalicen obligatoriamente a través de las cuentas bancarias electorales, que el periodo para su devolución no supere un año natural desde la fecha de los comicios, que la renuncia a recuperar el dinero se formalice preferentemente de forma telemática y que dicha renuncia sea considerada una donación “a todos los efectos”.
Pese a ello, todas estas propuestas han sido rechazadas por el PSOE y por la mayoría que suman PP y Vox en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En cambio, sí ha salido adelante un paquete de resoluciones para precisar y ampliar determinados conceptos incluidos en el listado de “gastos electorales” del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Más detalle sobre los gastos electorales y desplazamientos
Actualmente se consideran gastos electorales los dedicados a la impresión de sobres y papeletas, al envío por correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para pedir el voto con independencia del soporte utilizado, al alquiler de locales para actos de campaña, a las retribuciones o gratificaciones del personal contratado para la misma y a los desplazamientos de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.
También se incluyen los intereses de los créditos suscritos para la campaña, devengados hasta la fecha de cobro de la subvención correspondiente, así como los costes necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios imprescindibles durante el proceso electoral.
En sus informes, el Tribunal de Cuentas viene reclamando al Gobierno que se “especifiquen en mayor medida” las categorías de estos gastos electorales. Atendiendo a esa recomendación, el Parlamento, a propuesta del PP, ha pedido que se incorporen como gastos electorales la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos vinculados a ellos, la organización de comidas y cenas electorales, el avituallamiento de interventores y apoderados y el alquiler de espacios destinados a su atención y coordinación.
A propuesta del PSOE, también se plantea reformar la LOREG para introducir una “regulación más específica de las categorías” de estos gastos y se sugiere impulsar medidas que eviten la “falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir”.
La mayoría absoluta que PP y Vox ostentan en la comisión mixta ha permitido igualmente aprobar las iniciativas de la formación de Santiago Abascal para que el cálculo de los intereses de los créditos que los partidos contratan para las campañas, y su consideración como gasto reembolsable, se efectúe “hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas”.
Además, se ha instado al Tribunal de Cuentas a homogeneizar sus criterios de fiscalización en todos los procesos electorales y a tener concluido el examen de las contabilidades de las elecciones generales en un plazo de seis meses desde su celebración, pese a que los plazos de presentación de cuentas que fija la ley hacen inviable, en la práctica, completar esa fiscalización en ese tiempo.
Revisión del ‘mailing’ y papel de Correos
Por último, a iniciativa del PSOE y sin oposición de PP y Vox, se ha acordado animar a los grupos parlamentarios a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para plantear cambios en el procedimiento de envío de sobres, papeletas y propaganda electoral. No se adelantan, sin embargo, modelos alternativos concretos ni sistemas de compras centralizadas, y se mantiene la opción de los envíos postales personalizados.
En concreto, se pide a Correos que establezca un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que vayan a realizar el envío directo y personal de este material, con el fin de identificar “de forma inequívoca” los envíos que puedan ser objeto de subvención.
También se reclama al operador postal que refuerce la tramitación electrónica del depósito de propaganda electoral, tanto para el pago del anticipo a cuenta de los envíos como para la justificación posterior de los mismos, la emisión de albaranes y la facturación a los partidos.
En sus informes, el Tribunal de Cuentas viene insistiendo en que los partidos deben acreditar que han puesto a disposición de los electores todo este material, ya sea mediante el envío postal o, por ejemplo, entregándolo directamente a los votantes en sus sedes o en sus actos de campaña.
Además, se urge al Gobierno a contar con un stock de sobres y papeletas para “hacer refuerzos” en aquellas zonas o municipios en los que el ‘mailing’ no llegue o lo haga de forma incorrecta “al no garantizar Correos su distribución”.
Por último, se emplaza al Gobierno y al Tribunal de Cuentas a “abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados” dado que, en el momento de contratar la impresión de este material, aún no se dispone del censo definitivo y se desconoce el volumen exacto que se depositará en Correos.