QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que urge al Gobierno a evaluar las consecuencias derivadas de la pérdida de datos en las pulseras telemáticas utilizadas para monitorizar a maltratadores. Dicha evaluación debería incluir el análisis de los procedimientos judiciales afectados, el número de casos comprometidos, las resoluciones judiciales afectadas y el potencial desamparo de las víctimas.
Este pedido se realiza después de que la Fiscalía General del Estado destacase en su Memoria de 2024 las absoluciones producidas por “fallos” en estos dispositivos. Según un documento al que ha accedido Europa Press, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha exigido desencriptar los datos perdidos “a la mayor brevedad posible”, con el objetivo de no comprometer aún más la seguridad de las víctimas ante posibles sobreseimientos o sentencias absolutorias por falta de pruebas concretas sobre la ubicación de los agresores.
Además, el PP demanda que se informe sobre las especificaciones técnicas de los dispositivos adquiridos desde 2023 por la empresa Cometa, encargada de la gestión de las pulseras telemáticas, incluyendo detalles sobre sus certificaciones, homologaciones y controles de calidad que aseguren su fiabilidad. También han solicitado datos específicos sobre la adquisición de estos dispositivos, incluyendo costes y proveedores, y ha instado a reemplazar esos dispositivos si se demostrase que no son adecuados para garantizar la seguridad de las víctimas.
En relación con la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el PP ha pedido que se entreguen los informes que demuestren la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas. Se ha solicitado además clarificar las razones técnicas detrás de los fallos, las acciones tomadas para recuperar o reconstruir los datos perdidos, y los protocolos actuales de seguridad y supervisión del sistema.
AUDITORÍA TÉCNICA, OPERATIVA Y JUDICIAL
El PP también ha requerido al Gobierno la realización de una auditoría técnica, operativa y judicial independiente del sistema desde el cambio de proveedor en 2023, y la implementación de un mecanismo permanente de supervisión con la colaboración de diversas administraciones para asegurar la eficacia del sistema y prevenir problemas futuros. Finalmente, han recomendado intensificar la formación de jueces, fiscales y cuerpos policiales en el manejo y vigilancia de estos dispositivos, para responder adecuadamente ante cualquier disfunción técnica.
