La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una proposición no de ley del Grupo Plurinacional Sumar, orientada a reforzar la supervisión y el control de la calidad en las universidades privadas y en las nuevas titulaciones que estas imparten.
La iniciativa ha decaído con los votos en contra de PP, Vox y Junts, mientras que el EAJ-PNV se abstuvo.
Según el texto de la propuesta, recogido por Europa Press, Sumar pretendía que el Gobierno pusiera en marcha un sistema de seguimiento, en coordinación con las comunidades autónomas y las agencias de evaluación, para comprobar que las universidades privadas cumplan las obligaciones de adaptación fijadas en el nuevo real decreto de creación de universidades.
Además, la formación reclamaba que el Ejecutivo revisase el régimen de silencio administrativo para la autorización de nuevas titulaciones, “para asegurar que ninguna titulación pueda implantarse sin una evaluación completa y acreditada de calidad, viabilidad y adecuación académica, siempre bajo la supervisión del Consejo de Universidades”.
Equiparar estándares
Sumar defendía que el procedimiento de verificación y autorización de las enseñanzas universitarias oficiales se equipare para los operadores privados a los estándares de calidad de las universidades públicas, reforzando requisitos de planificación, profesorado, infraestructura y solvencia institucional, y garantizando una supervisión efectiva, coordinada y transparente.
Aunque Sumar reconoce que el real decreto introduce criterios más estrictos, considera que sigue siendo necesario garantizar la correcta aplicación de los requisitos de acreditación y la supervisión homogénea de todas las titulaciones.
Desde el PP, el diputado Juan Luis Pedreño criticó la propuesta: “No han pasado todavía cinco años y aquí están ustedes con esta proposición… ni siquiera tenemos un diagnóstico de la aplicación de este real decreto”.
El diputado de Vox, José Ramírez, censuró que Sumar busque incrementar la burocracia y limitar la libertad educativa, acusando al grupo de mantener una actitud de hostilidad hacia los centros privados.
Por su parte, el diputado socialista Roberto García Morís denunció que el PP defiende los intereses de las empresas privadas y no la calidad educativa, defendiendo la iniciativa de Sumar como una medida que exige cumplir estándares de calidad.
ERC también ve frustrada su propuesta sobre alquileres universitarios
En la misma sesión, la Comisión rechazó otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano (ERC) relativa al coste del alquiler de habitaciones para estudiantes universitarios. La iniciativa fue tumbada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
ERC buscaba que el Gobierno adoptara medidas urgentes para que la “imposibilidad de conseguir una vivienda deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a estudios universitarios”.
La diputada de ERC Etna Estrems alertó sobre el impacto del mercado del alquiler en la igualdad de oportunidades: “El precio de una habitación se ha convertido en el principal filtro social para acceder a la universidad”.
El diputado del PP, Miguel Ángel Sastre, defendió que la solución pasa por construir, rehabilitar y dar facilidades a los propietarios, mientras que el diputado socialista Víctor Camino subrayó la necesidad de intervenir en el mercado, impulsar la construcción de residencias públicas y regular los alquileres.
Desde Vox, Carlos Hernández criticó la subida de precios y la precariedad de los estudiantes, defendiendo que la solución no pasa por más regulación, sino por responsabilidad de quienes legislan.
Finalmente, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, insistió en la urgencia de implementar mecanismos efectivos que impidan a los propietarios seguir aumentando los precios del alquiler.