PP, Vox y Junts han confirmado que votarán en contra de la convalidación del decreto del escudo social, que contempla la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortar el suministro de agua y luz a personas vulnerables, una decisión que el Gobierno y sus aliados parlamentarios han calificado de “vergüenza”.
El Congreso ha abordado este jueves el decreto que también incorpora exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana, así como la ampliación de los descuentos vinculados al bono social eléctrico. Durante la discusión, PP, Vox y Junts han reiterado su rechazo al texto, alegando, como vienen haciendo desde hace semanas, que la norma facilita la 'okupación' de viviendas al impedir los desahucios de personas vulnerables.
Esta postura ha desatado la indignación del Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha intervenido para defender el decreto y arremeter contra los grupos que lo bloquean, reprochándoles que sostengan que la medida fomenta la 'okupación', algo que ha calificado de “excusa absolutamente falsaria”.
Un año después, cambio de criterio
Bolaños ha recordado que hace alrededor de un año PP y Junts respaldaron la convalidación de un decreto que incluía la misma moratoria antidesahucios que ahora rechazan y utilizan como argumento para votar en contra.
“Ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26. Ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, y con los okupas, que ni están ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha señalado el ministro.
El titular de la Presidencia ha incidido en la necesidad de sacar adelante el decreto para evitar “incertidumbre” y “sufrimiento” a quienes tienen más dificultades para llegar a fin de mes, subrayando que estas personas “no merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana”.
En la misma línea, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha recordado a los grupos que ahora se oponen que hace un año apoyaron un texto muy similar, y ha instado a Junts a valorar la abstención para frenar el impacto que la caída del decreto tendría en numerosas familias.
Sumar carga contra Junts y la derecha
La diputada de En Comú y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha sido especialmente dura con PP y Vox, pero ha centrado buena parte de sus críticas en Junts, a quienes ha acusado de ser la “representación política” de los “fondos buitre”. Vidal ha advertido de que, ante la posible derogación del decreto, se está registrando un “alud de peticiones” de desahucios y se calcula que unas 200.000 personas están en riesgo, 50.000 de ellas en Cataluña.
Además, ha reprochado a Junts que el decreto incluye exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana. “¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede, señora Nogueras? Difícil, muy difícil”, ha lanzado la diputada, dirigiéndose a la portavoz de Junts en el Congreso.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha arremetido contra PP, Vox y Junts por situarse en contra del decreto, acusándoles de no tener “vergüenza” y deseándoles que “sientan en su cuerpo lo que significa que te echen a la calle con niños y niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza”.
En la misma línea, el portavoz de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, y el de EH Bildu, Oskar Matute, han dirigido sus críticas a PP, Vox y Junts. Salvador ha recalcado que “ser desahuciado no significa ser un delincuenta”, mientras que Matute ha considerado de “pura maldad” votar en contra del decreto con el argumento de que favorece la 'okupación' o la 'inquiokupación', cuando, a su entender, la norma pretende proteger a la población vulnerable.
Desde el Grupo Mixto, la diputada de Compromís, Águeda Micó, y el parlamentario del BNG, Néstor Rego, han avanzado su apoyo al decreto, aunque han lamentado que las medidas se queden cortas y han reclamado que las ayudas tengan carácter estructural.
El PNV afea al Gobierno su falta de apoyos
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha lamentado que el decreto vaya camino de no ser convalidado, al considerar imprescindible reforzar la protección de las personas vulnerables. Sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo que no haya logrado los respaldos necesarios, algo que, a su juicio, se explica porque el Gobierno insiste en agrupar cuestiones diversas “bajo el mismo envoltorio”.
“¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran concitar apoyos para ellos? Nos dejan ahora ante un vacío”, ha advertido Sagastizabal.
Junts defiende escudo social sin 'okupas'
La diputada de Junts Marta Madrenas ha criticado al Gobierno por repetir “la misma operación” de incluir en un único decreto la moratoria antidesahucios, que su formación rechaza, junto con la ampliación del bono social eléctrico o la prohibición de cortar suministros básicos como el agua y la luz.
“Esto ya no solo es improvisación, es chantaje político”, ha denunciado Madrenas, que ha sintetizado la posición de su partido en la consigna “escudo social sí, 'okupas' no”. Asimismo, ha planteado que el Ejecutivo podría recurrir a la línea de 300 millones de euros para avales por posibles impagos de alquiler con el fin de evitar desahucios.
El diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha replicado a Bolaños recordando que el decreto ley se convalidó hace un año con una amplia mayoría, pero también se acordó tramitarlo como proyecto de ley para introducir enmiendas, un trámite que, según ha denunciado, no ha avanzado porque “saben que hay una mayoría en contra” del Ejecutivo.
Marí Bosó ha añadido que, pese a las seis prórrogas del escudo social, un 25,7% de la población sigue en riesgo de pobreza y un 16% de los hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en 2025. “Son la máquina más perfecta de mandar a la gente a la pobreza, se indignen lo que quieran”, ha concluido.
El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha acusado al Gobierno de presumir del escudo social y de una supuesta legislatura de la vivienda cuando, en su opinión, no se han construido suficientes viviendas para afrontar la crisis habitacional. También ha censurado que el escudo social acumule “seis prórrogas” y que el Ejecutivo “no ha hecho absolutamente nada” para evaluar su impacto real sobre las personas vulnerables.
Por último, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha criticado que el Gobierno vuelva a unir en un mismo decreto las ayudas por la DANA y la moratoria antidesahucios, cuestionando esa forma de legislar por bloques heterogéneos.