El PP, Vox y Junts, que juntos suman mayoría absoluta en el Congreso, han rechazado este martes en la Cámara Baja una proposición de ley registrada por Sumar con el fin de impedir los despidos colectivos en compañías que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a países ajenos a la UE o al Espacio Económico Europeo.
Además de limitar los despidos, la iniciativa de Sumar, defendida en el hemiciclo por la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, establece la obligación de que las empresas reintegren las ayudas públicas percibidas en los cuatro años anteriores. Asimismo, abre la puerta a que los sindicatos participen en las negociaciones y pactos que se cierren en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.
“Basta de trampas, basta de fraude con dinero público. El dinero público, el dinero de todas y de todos ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones”, ha subrayado la representante del grupo plurinacional.
Críticas del PP, Vox y Junts a la propuesta de Sumar
La diputada del PP María Isabel Prieto ha cargado contra la proposición al considerarla “desproporcionada” para las compañías, una “injerencia” en su capacidad de organización y una fuente de “más obligaciones y cargas burocráticas” en su día a día.
Prieto ha insistido en que una reforma de este calado debe nacer del consenso en el diálogo social: “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”, ha remarcado.
Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha señalado que, aunque el propósito general pueda ser “loable”, la proposición incorpora herramientas que, a su juicio, pueden introducir “rigideces que acaben debilitando al tejido productivo que buscaba proteger”.
En particular, ha cuestionado la obligación de devolver las ayudas públicas, al verla “muy amplia” y susceptible de castigar decisiones empresariales legítimas. También ha reprochado que la norma solo contemple deslocalizaciones fuera de la UE: “Para un trabajador gallego cuya fábrica cierre, el perjuicio será idéntico si la producción se traslada a China o si lo hace a Alemania, Polonia o cualquier otro estado miembro del mercado interior”, ha argumentado.
Desde Junts, el diputado Josep Maria Cervera ha dejado entrever que su formación no respaldará la toma en consideración de la iniciativa por los “incumplimientos” del Gobierno con Cataluña. Al mismo tiempo, ha acusado a Sumar de tener una “mirada míope” en la defensa del trabajador y ha denunciado que, “con el comodín de la protección del trabajador”, endurecen el marco normativo y lo vuelven “más rígido”.
PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos y BNG se alinean con la tramitación
En el debate parlamentario, la diputada del PSOE María Luisa Sanz Martínez ha indicado que ve “favorablemente” la proposición de ley, aunque ha recalcado que la Ley de Industria del Gobierno va “mucho más allá” de lo planteado por Sumar.
A su juicio, el proyecto del Ejecutivo, pendiente de aprobación desde la anterior legislatura y ya fuera del listado de normas imprescindibles para acceder a los fondos europeos, no solo pretende mitigar las consecuencias de la deslocalización, sino también preservar la actividad existente y atraer nuevas inversiones, reforzando así el empleo y la cohesión social y territorial.
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha anunciado su apoyo a que la propuesta continúe su tramitación en el Parlamento, recordando que en Francia y Alemania existen medidas parecidas y compartiendo la idea de que, cuando se destruyen puestos de trabajo, el Estado “no puede ser un espectador pasivo”.
El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, también ha avanzado su respaldo, pero ha reclamado ir más lejos en la devolución de ayudas públicas y que las empresas que abandonen un territorio reintegren las subvenciones recibidas en los últimos diez años, y no solo en los cuatro contemplados en el texto de Sumar.
Asimismo, tanto el diputado del BNG, Néstor Rego, como el de Podemos, Javier Sánchez Serna, han confirmado que votarán a favor de la admisión a trámite, si bien consideran que la propuesta se queda algo “escasa” y debería endurecerse frente a las compañías que deslocalizan su producción.
En la misma línea, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, ha anunciado el voto favorable de su grupo a la ley para poner fin al “abuso de poder” y al “feudalismo moderno” que, según ha denunciado, ejercen las empresas en este tipo de procesos.