PP, Vox y Junts han unido este jueves sus votos en el Pleno del Congreso de los Diputados para sacar adelante parte de una iniciativa del PP centrada en endurecer la política de expulsiones de migrantes y, al mismo tiempo, frenar la implantación generalizada de la educación sexual en las aulas.
La Cámara Baja ha dado luz verde a varios puntos de una proposición no de ley registrada por el PP, en la que se insta al Gobierno a “garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en España”, contando con el respaldo de PP, Vox, Junts y UPN.
El primer apartado de la propuesta, relativo a asegurar la ejecución de las órdenes de expulsión, se ha sometido a votación por separado y ha salido adelante con 178 votos favorables (PP, Vox, Junts y UPN), frente a 166 en contra (PSOE y sus aliados) y seis abstenciones (CC y PNV).
También ha prosperado el cuarto punto del texto de los 'populares', que reclama “impulsar la revisión de acuerdos con países de origen y tránsito de inmigración ilegal para asegurar su cumplimiento, introduciendo para quienes los incumplan consecuencias diplomáticas y/o económicas”. Este apartado ha recibido 171 apoyos (PP, Vox y UPN), 166 votos en contra (PSOE y socios) y 13 abstenciones (Junts, PNV y CC).
Otros elementos de la iniciativa del PP no han superado el filtro del Pleno. Entre los rechazados figuraba la petición de “instar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la UE condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, especialmente frente a los delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno y su residencia en España”.
Asimismo, el grupo 'popular' planteaba reforzar la cooperación judicial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con otras autoridades competentes “con el objetivo de reducir los plazos administrativos y judiciales de los procedimientos de expulsión, evitando dilaciones indebidas”, además de incrementar los recursos humanos y tecnológicos y la colaboración operativa con Frontex, “mediante la integración e interoperabilidad de sistemas marítimos, aéreos y satelitales, para prevenir la inmigración ilegal”.
El Congreso tumba la propuesta de educación sexual integral
En paralelo, el Pleno ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Podemos para extender la educación sexual a todas las etapas del sistema educativo, desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP). Se ha votado una enmienda transaccional pactada entre Podemos y ERC, que ha obtenido 167 votos a favor (PSOE y socios) y 183 en contra (PP, Vox, Junts y UPN).
La formación 'morada' reclamaba, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de “implantación efectiva” de la educación sexual integral en el sistema educativo, abarcando desde la etapa infantil hasta el bachillerato y la FP.
El texto defendía que la educación sexual fuera “obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas”, en colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía feminista y “derechos LGTBIQA+”.
Además, Podemos proponía proporcionar al profesorado una formación “específica y permanente” en salud sexual y reproductiva y garantizar que todos los centros educativos dispusieran “con profesionales capacitados y recursos adecuados”.
Del mismo modo, la iniciativa instaba a combatir el negacionismo, los discursos de odio y la desinformación “promovida por sectores reaccionarios que intentan eliminar la educación sexual de las aulas, defendiendo públicamente su valor como política feminista de Estado y como derecho del alumnado”.
En la transaccional acordada con ERC se planteaba incorporar “de forma obligatoria” en los contenidos de educación sexual integral una formación específica, ajustada a cada etapa educativa, orientada a la prevención, detección temprana y denuncia de violencias sexuales.
Finalmente, el texto reclamaba destinar la “aportación de recursos suficientes” a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que pudieran desarrollar las políticas necesarias para cumplir estos objetivos.