PP y Vox reclaman que el Ejecutivo someta a votación en el Congreso y en el Senado el acuerdo alcanzado por la Unión Europea con el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit. El Ministerio de Asuntos Exteriores, sin embargo, sostiene que no es preciso, al tratarse de un acuerdo de asociación entre la UE y un tercer Estado, para el que basta la ratificación del Parlamento Europeo y el aval unánime del Consejo Europeo.
En su comparecencia de hace una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó el acuerdo como “histórico”, dio por cumplidos todos sus objetivos y celebró la unanimidad del Consejo de la UE para que se empiece a aplicar provisionalmente a partir de julio.
Pese a ello, la oposición insiste en que también debe someterse a la aprobación del Parlamento español y que se tramite como una ley orgánica, lo que obligaría a recabar al menos la mayoría absoluta en ambas Cámaras. Esta exigencia fue reiterada este lunes por el diputado de Vox José María Sánchez García al secretario general para la Unión Europea, Carlos Moreno, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la UE.
Debate jurídico sobre la ratificación
“TODO LO DEMÁS SON PAMPLINAS”
Sánchez García reclama una ley orgánica para ratificar el acuerdo “por razones de derecho constitucional nacional”, al entender que así lo fija el artículo 93 de la Constitución. “Y todo lo demás son pamplinas de gobiernos cobardes, traidores”, ha remachado.
Frente a este planteamiento, el secretario general para la UE ha defendido que el mecanismo de ratificación diseñado por las instituciones comunitarias cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo y de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia. A su juicio, se trata de un acuerdo de asociación de la UE que no requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de los Veintisiete, sino únicamente del Parlamento Europeo.
La controversia sobre el procedimiento acabará llegando al Pleno del Congreso, ya que el PP ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aplicar el artículo 94.1 de la Constitución a este acuerdo. Según los populares, encaja en varios de los supuestos que exigen autorización previa de las Cortes: acuerdos que afecten a la integridad territorial, tengan naturaleza política o militar, incidan en derechos y deberes fundamentales, generen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o precisen de medidas legislativas para su ejecución.
Críticas del PP a la falta de control parlamentario
EXIGENCIA INSOSLAYABLE
“Su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado”, subraya el PP en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En opinión de los populares, “las negociaciones de dicho Acuerdo se llevaron a cabo con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático: ni las Cortes Generales ni el primer partido de España fueron informados de los aspectos sustantivos que finalmente han quedado recogidos en el texto”.
Asimismo, critican que el texto definitivo “no se ha publicado en una versión en castellano, una circunstancia difícilmente justificable dada la relevancia del mismo para España y para los ciudadanos directamente afectados, lo que limita el adecuado conocimiento y escrutinio público de su contenido”.