El PP ha utilizado la comparecencia este martes en la Comisión de Interior del Congreso del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para cargar con dureza contra la situación de semilibertad de presos de ETA que cumplen condena en cárceles del País Vasco, entre ellos Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto'.
“La Administración Penitenciaria, ni ésta --en referencia a la que dirige, dependiente del Ministerio del Interior-- ni la del País Vasco, pone a nadie en libertad; la libertad la decretan en España los tribunales de justicia”, ha subrayado Ángel Luis Ortiz, desvinculando así a Prisiones de las decisiones sobre excarcelaciones.
La diputada del PP Ana Vázquez y otros portavoces de su grupo han arremetido contra lo que han descrito como el “infame pacto encapuchado” entre el Gobierno del PSOE y EH Bildu, que a su juicio ha permitido la salida de prisión de exdirigentes de ETA como “Anboto” y “Txeroki”, mediante la aplicación de medidas de flexibilización previstas en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
“El socialismo ha abandonado a las víctimas en favor de los asesinos”, han denunciado desde el PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, criticando el “trato inmoral” que, según ellos, reciben las víctimas de la banda terrorista ETA. Los 'populares' han cuestionado la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco y que sea una consejera del PSOE quien asuma las decisiones en esta materia.
Denuncias por agresiones a funcionarios y seguridad en las cárceles
Además, PP y Vox han reclamado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “deje de mirar para otro lado” ante las denuncias de los funcionarios de prisiones, recordando que “cada 20 horas se produce una agresión” y alertando del “alarmante dato de 1.327 pinchos artesanales intervenidos durante el último año”.
“Esta Secretaría General no sólo se ocupa de cuanto ocurre en los centros penitenciarios, sino que mantiene además un cauce de diálogo abierto con las organizaciones sindicales”, ha respondido Ángel Luis Ortiz, aludiendo a la negociación en marcha para “actualizar el protocolo específico de actuación frente a las agresiones”.
El máximo responsable de Prisiones ha explicado que desde 2022 se han introducido cambios en los registros con el fin de “incluir también en el apartado de agresiones sin lesión conductas como empujones, agarrones o lanzamientos de líquidos u objetos”, que ahora sí se suman al cómputo global de incidentes.
En este punto, Ángel Luis Ortiz ha apelado a las Cortes Generales para que saquen adelante las reformas legales reclamadas por los trabajadores. “Mi compromiso va más allá de reconocer la condición de agente de la autoridad”, ha señalado, defendiendo que se apruebe una norma que permita que “la administración pueda de oficio resarcir económicamente a los funcionarios por los daños que se les haya causado con motivo del servicio”.
“Es una cuestión que a día de hoy está en esta sede parlamentaria”, ha recordado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que igualmente ha remitido a las investigaciones internas y a las diligencias de la Fiscalía para rechazar que existan irregularidades en los contratos del centro penitenciario Madrid VII-Estremera.