QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE respaldará este martes en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley registrada por ERC, Bildu, el PNV, el BNG, Compromís y miembros de Sumar como los Comuns y Mes, con la que se busca que cualquier ciudadano pueda dirigirse en euskera, gallego o catalán a los órganos del Poder Judicial, a las instituciones constitucionales y a la Administración General del Estado “con plena validez jurídica” y sin que sea obligatoria su traducción al castellano.
La iniciativa, denominada Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía y suscrita por varios socios parlamentarios del Ejecutivo, plantea la modificación de quince leyes estatales para que el reconocimiento de la diversidad lingüística sea “de forma efectiva”. El texto fija obligaciones concretas de capacitación lingüística en el ámbito de la justicia, la función pública y la contratación, y prevé mecanismos para garantizar el respeto al derecho de opción de lengua.
Desde el PSOE, el diputado Marc Lamuá ha subrayado que su grupo permitirá que la Cámara debata esta propuesta porque “siempre” ha defendido una España “diversa, plural y cohesionada”, y porque entiende que proteger las lenguas del Estado es “cuidar la democracia” y que asegurar su uso real es “garantizar derechos fundamentales”.
Debate político y acusaciones cruzadas
Lamuá ha insistido en que una de las grandes fortalezas del país es su pluralidad lingüística y ha recordado que la Constitución no sólo ampara esa pluralidad, sino que la “exige”. “No se trata de privilegios, sino de derechos”, ha enfatizado el parlamentario socialista, que ha reprochado al PP y a Vox que trasladen a millones de ciudadanos de Cataluña, País Vasco o Galicia la idea de que sus lenguas son “de segunda” y que repitan que los quieren dentro de España pero “callados o subyugados”.
En términos similares se ha pronunciado su socio en el Gobierno, Sumar, mediante siete diputados del grupo plurinacional. Aina Vidal, de los Comuns, ha defendido que esta norma “no es una concesión ni un privilegio sino el desarrollo de un mandato constitucional y europeo” frente a los “incumplimientos sistemáticos” en la defensa, promoción y garantía del uso de las lenguas oficiales distintas al castellano.
PP y Vox, por su parte, han recordado que el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial en todo el territorio nacional y que el euskera, el catalán o el gallego sólo tienen esa condición en sus respectivas comunidades, por lo que extender esa cooficialidad al conjunto de España supone, a su juicio, “desbordar el marco constitucional”. Así lo ha expresado la diputada del PP Marta Gonzalez, que ha acusado a los partidos nacionalistas e independentistas de “utilizar” políticamente las lenguas y al PSOE de ceder “siempre” a su “chantaje” y “exigencias”.
En la misma línea, el diputado de Vox Jorge Campos ha criticado que quienes, según él, “pisotean” los derechos de los castellanohablantes en autonomías como Cataluña, País Vasco o Galicia sean los que impulsan una proposición que, a su entender, pretende “acabar” con el español como lengua oficial de todos los ciudadanos. “A qué nivel de indigencia cultural ha llegado la izquierda separatista. No tienen vergüenza”, ha señalado Campos.
Reivindicación de derechos lingüísticos
De esta forma respondía Campos al representante de ERC, Álvaro Vidal, que ha sido el encargado de presentar el texto en el Pleno. Vidal ha explicado que la finalidad de la ley es que los hablantes de catalán, euskera y gallego dejen de ser “ciudadanos de segunda” ante la Administración y se ponga fin a la “discriminación” cotidiana que, a su juicio, padecen. “La debilidad del plurilingüismo en España es escandalosa”, ha denunciado, defendiendo que con esta norma se corregirán los “desajustes” derivados de la “asimetría” del sistema lingüístico español. “Ya no hay excusas. Aunque tarde, ha llegado el momento de cambiar las leyes, y no las lenguas”, ha añadido.
Desde el PNV, el diputado Joseba Aguirretxea ha recalcado que esta propuesta “va de derechos, de libertad y de respeto” y responde a “una reivindicación histórica”. A su vez, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha sostenido que el objetivo es reducir la “asimetría” entre el castellano y el euskera y reforzar la protección jurídica de este último. No obstante, ha aprovechado su intervención para criticar la postura “tibia” del PSOE, al que acusa de mostrarse favorable al euskera en Madrid mientras lo “socava” en Euskadi.
La diputada de Junts, Pilar Calvo, ha manifestado que su formación comparte el propósito general de la iniciativa, aunque no figura entre los firmantes, pero discrepa del marco constitucional en el que se encuadra. Según ha argumentado, el catalán no requiere que el Estado español le garantice nada, sino que deje de “ahogarlo” y otorgue soberanía “plena” a Cataluña para regular su uso. También ha interpelado al PSOE para saber si, además de votar a favor, se comprometerá a impulsar la tramitación o si el texto quedará “colgado”.
En el Grupo Mixto, el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha acusado tanto al PSOE como al PP de “incumplir” el apartado segundo del artículo 3 de la Constitución, que reconoce la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, y les ha responsabilizado de que, 47 años después de su aprobación, “España no sea un Estado social, ni de Derecho ni plurilingüe”.
Por su parte, la representante de Compromís integrada en el Mixto, Águeda Micó, y el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, han coincidido en que esta reforma pretende asegurar que cualquier persona pueda relacionarse con el Estado en su lengua propia “sin pedir permiso” y acabar con los “incumplimientos sistemáticos” de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.
Cambios en justicia, administración y educación
Entre los ejes principales de la reforma se incluyen medidas relevantes en la Administración de Justicia, como exigir el conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con idioma oficial distinto del castellano o reconocer la plena validez de documentos judiciales sin traducción. También se prevé la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales del Estado a todas las lenguas oficiales.
La proposición incorpora además criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula sectores como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera notable la presencia y el uso de las lenguas cooficiales.
En el terreno educativo, la ley fija que la lengua propia de cada comunidad autónoma “será normalmente vehicular”, con el fin de asegurar que el alumnado alcance un dominio adecuado tanto de esa lengua como del castellano al concluir la enseñanza básica.
