QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, han hecho uso de la Comisión de Reglamento del Congreso este jueves para introducir mediante una enmienda transaccional cambios en la reforma que busca sancionar a los periodistas acreditados que interfieran en las actividades parlamentarias y de la prensa en el recinto, conforme a lo solicitado por los letrados de la Cámara Baja.
Los letrados de la institución elaboraron un documento técnico advirtiendo que las sanciones podrían restringir «el derecho a la libertad de información», y recomendaban evaluar los «requisitos para su legitimidad».
El documento, al cual Europa Press tuvo acceso, también indicaba que la ambigüedad en las sanciones podría causar «inseguridad jurídica» a los medios de comunicación y sugerían implementar un régimen de prescripción para las sanciones.
SANCIONES MÁS PRECISAS Y QUE PUEDEN PRESCRIBIR
Las propuestas de los servicios jurídicos se han incorporado en la enmienda transaccional aprobada en la Comisión de Reglamento, que ya ha emitido su dictamen sobre la reforma que se votará en el Pleno el próximo martes. La medida ha sido respaldada por el PSOE y sus socios y rechazada por el PP y Vox.
En detalle, el PSOE y sus socios han precisado explícitamente el área del recinto parlamentario donde los periodistas pueden ser sancionados y han enfatizado la importancia de utilizar correctamente la autorización o credencial en el ejercicio de sus funciones periodísticas.
Además, han reducido de cinco a tres años el tiempo máximo de suspensión de credencial por infracciones muy graves y han incluido un régimen de prescripción como lo sugerían los asesores legales. «Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes», detalla el texto.
Durante el debate en la comisión, representantes de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro criticaron que este sistema de sanciones «restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz», de acuerdo con el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez Almeida, quien describió la reforma como un «atropello democrático y constitucional». También se opusieron a lo que calificaron de «sanciones arbitrarias», según Alberto Catalán, de UPN.
Por otro lado, la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, la ‘popular’ Carmen Navarro, acusó al PSOE y sus socios de intentar transformar el Congreso en un «laboratorio de cancelación, censura y persecución política» a través de «procesos inquisitoriales».
