QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con la que reclama al Gobierno que refuerce y fomente la asistencia de jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia a los cursos de formación especializados en materia de igualdad.
La propuesta, que se abordará en la Comisión de Justicia del Congreso, sostiene que la capacitación en igualdad «constituye un pilar para la para garantizar una justicia más efectiva y sensible a las necesidades de las víctimas».
En línea con esta idea, el grupo socialista insiste en la necesidad de seguir avanzando en las políticas de igualdad y en la protección de las mujeres frente a cualquier manifestación de violencia dentro del ámbito de la Administración de Justicia.
En la exposición de motivos se recuerda que, desde 2018, todos los procesos selectivos de acceso y promoción en la Carrera Judicial incorporan módulos formativos sobre igualdad, discriminación por razón de sexo y violencia contra la mujer.
Asimismo, se subraya que la Ley del Poder Judicial y la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recogen la obligación de incluir en los temarios de acceso a la carrera judicial contenidos específicos sobre el principio de no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres.
Según el texto registrado, «La perspectiva de género en la aplicación del ordenamiento jurídico se ha convertido en un principio fundamental, dado que contribuye a garantizar la no discriminación entre mujeres y hombre, a la vez que proporciona una respuesta efectiva frente a la violencia de género en línea con los principios contenido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género».
En coherencia con ello, el PSOE considera «esencial» mantener actualizados los conocimientos de quienes integran la carrera judicial mediante la formación continua, con el fin de dotar a los jueces «de las herramientas precisas y específicas para visibilizar estereotipos de género».
El documento añade que, entre 2019 y 2025, más de 2.000 profesionales vinculados a la judicatura han participado en acciones formativas sobre igualdad y violencia de género.
También recoge que todas las asociaciones judiciales coinciden en destacar que la formación es «esencial» para consolidar una Justicia libre de estereotipos y ajustada a los compromisos internacionales asumidos por España.
En la parte final de la iniciativa se incide en que «La formación se configura como un derecho y una obligación, con énfasis en eliminar sesgos machistas para garantizar el principio de imparcialidad de la Justicia» y se concluye que «Un enfoque en la perspectiva de género en la formación de los miembros de la Administración de Justicia contribuye a lograr una Justicia más equitativa».
