PSOE, Sumar, Podemos y PNV han rechazado este martes en el Congreso la proposición de ley registrada por Vox para modificar el Código Civil y que la declaración de situación de desamparo de menores pase a decidirse por vía judicial en lugar de mediante resolución administrativa.
En el texto de la iniciativa, la formación de Santiago Abascal sostiene su planteamiento apelando a “un aumento de los casos de abuso y explotación sexual de menores tutelados en España en el ámbito de la protección de menores”.
Defendiendo la propuesta, el diputado de Vox Jorge Campos ha afirmado que “el horror” que se vive en algunos centros de menores tutelados “sacude a toda España” y ha citado episodios de “abusos, agresiones, celdas de castigo, fugas, consumo de drogas y niñas tuteladas prostituidas”.
Según ha expuesto, “son más de 1.100 los menores tutelados por las autonomías los que han denunciado abusos sexuales desde el año 2019, más de 1.100 los que han denunciado, añadan todos los que no denuncian. Es terrorífico”.
Campos ha añadido que el mantenimiento de cada menor tutelado supone de media 7.000 euros mensuales, “el doble de lo que costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra”, y ha acusado a las administraciones de retirar tutelas a progenitores no por “razones objetivas graves” sino “por negarse a que su hijo reciba educación sexual, por cuestiones de género o porque no va correctamente vestido”.
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE Emilia Almodóvar ha iniciado su intervención recordando que “un violador es un violador independientemente de su nacionalidad”, para, a continuación, calificar de “farsa” la iniciativa de Vox que, a su entender, convierte en “sospechosos” a los trabajadores sociales y en “delincuentes” tanto “al menor como a las familias” y plantea una “deportación disfrazada de protección”. Aunque ha admitido que el sistema de protección requiere “un debate serio”, ha anunciado el voto en contra de su grupo.
Desde el PP, el diputado Óscar Clavell ha replicado a la socialista que “un violador también es un violador independientemente de con quién esté casado”, aludiendo a “Mónica Oltra”, y, respecto a la proposición de Vox, ha admitido que contiene “aspectos positivos” como “la prioridad en el entorno familiar”, pero también “negativos”, ya que la intervención obligatoria de un juez “resta agilidad”. Por ello, ha defendido “buscar un punto intermedio” entre “la eficacia y la garantía”.
En nombre de Sumar, el diputado Nahuel González ha acusado a Vox de difundir “bulos” y “barbaridades” al sostener que “se retiran tutelas en este país por llevar camisetas, por tener educación sexual” y ha exigido a los de Abascal que “saquen sus manos” de “la herida dolorosa” de los centros de menores, que, a su juicio, utilizan como “munición ideológica” y para “sembrar sospechas sobre los servicios sociales”. “La infancia tutelada no necesita menos Estado, necesita mejor Estado”, ha remarcado.
Por su parte, la diputada de Podemos Noemí Santana ha acusado a Vox de “sembrar odio” hacia los menores extranjeros tutelados y de “mentir” porque “en ningún caso a las familias se les retira la tutela de un niño por cuestiones ideológicas”. Coincidiendo en la necesidad de “repensar” el sistema de protección, ha defendido reforzar el acogimiento en el entorno familiar, apoyando económicamente a abuelos o tíos que desean hacerse cargo de estos menores y no disponen de recursos suficientes.
En representación del PNV, el diputado Mikel Legarda ha mostrado su oposición a suprimir cualquier mención a la violencia de género en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y ha subrayado que “los casos de abuso y explotación nada tienen que ver con quien realiza la declaración de desamparo ni quién decrete la tutela supletoria, sino con medidas del propio acogimiento y con la propia situación de los menores”. A su juicio, “nada influiría en la disminución de estos casos que la declaración de desamparo y constitución de la tutela se realice judicialmente”, ha concluido.