El Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas por las “dificultades” de acreditación de menores víctimas de violencia vicaria, ya que, para poder acceder a la red de protección, se exige previamente que la madre sea reconocida oficialmente como víctima.
Así se recoge en el Informe Anual de actividad de 2025 de la institución, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En el documento, consultado por Europa Press, el Defensor del Pueblo subraya que la violencia vicaria constituye “un motivo de preocupación” para la institución, “en el que ha insistido a lo largo de los años”.
Recuerda, además, que en 2024 presentó un informe monográfico titulado Violencia vicaria de género. Las otras víctimas, en el que se incluía un conjunto de recomendaciones dirigidas a distintas administraciones. Buena parte de estas propuestas, apunta, han sido incorporadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 1 de octubre de 2025.
En este marco, la institución detalla que ha recibido quejas por las “dificultades” para acreditar a los menores como víctimas de violencia vicaria de género, al depender de un reconocimiento previo de la madre como víctima para que ellos puedan ser incorporados al sistema de protección.
Por ello, el Defensor del Pueblo defiende que se habilite una vía específica de acreditación para los menores víctimas de violencia vicaria, “de manera que las comunidades autónomas puedan tener un procedimiento normalizado que garantice el acceso a sus derechos”.
Asimismo, el informe analiza la protección de los menores frente a la violencia vicaria de género y frente a la violencia sexual, y advierte de que “cuando no hay investigación suficiente, la propia denuncia pone doblemente en riesgo a los menores, ya que, aun habiendo denunciado, siguen obligados a convivir con sus agresores, que son familiares cercanos, o sus propios padres”.
Formación y refuerzo de la investigación
A juicio de la institución, resulta “necesario” que policías, fiscales y jueces instructores dispongan de la formación específica y de las herramientas de investigación adecuadas para perseguir este tipo de delitos, que, según indica, presentan elevadas tasas de reincidencia y de sobreseimientos.
En la misma línea, el Defensor del Pueblo informa de que recientemente recomendó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que se regule “debidamente” el derecho de las víctimas a la investigación “suficiente” del delito y a la motivación “suficiente” de la decisión judicial de archivo o sobreseimiento, con especial atención a los casos en los que las víctimas sean menores.
También instó a que se refuercen los recursos materiales y humanos de las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, así como de la sección de violencia sobre la mujer de los nuevos tribunales de instancia, para que puedan asumir la instrucción de los delitos cometidos contra menores “con todas las garantías”.