QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso de los Diputados abordará este jueves 11 de diciembre el debate de toma en consideración del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en un contexto en el que PNV y Junts han registrado peticiones formales para que el texto sea devuelto al Gobierno.
Durante la sesión plenaria se someterán a debate las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por Junts per Catalunya y EAJ-PNV contra la reforma de las normas de dependencia y discapacidad. Si estas enmiendas no prosperan, el proyecto continuará su recorrido en las Cortes Generales; si, por el contrario, se aprueban, la iniciativa quedará rechazada en esta fase y regresará al Ejecutivo, dando por concluida su tramitación parlamentaria.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, expresó la pasada semana su intención de que el proyecto logre un «amplio consenso» en la Cámara Baja.
«Se aproxima un día muy importante. El próximo día 11, el jueves de la semana que viene, en el Congreso de los Diputados se votará el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad», avanzó el ministro de Derechos Sociales, el pasado jueves, en declaraciones a los medios de comunicación.
El titular de Derechos Sociales subrayó que estas «no son unas reformas del Ministerio de Derechos Sociales ni del Gobierno de España» sino «del país en su conjunto» y afirmó que disponen de un «amplísimo consenso social» entre las entidades de la discapacidad y de la dependencia, con las que el departamento ha venido colaborando estrechamente.
Por este motivo, insistió en que el Ministerio está trabajando «con total determinación» para que el arranque de la tramitación parlamentaria recoja «un consenso igual de amplio» al que hizo posible la reforma del artículo 49 de la Constitución y otras iniciativas recientes, como la ley ELA o el Real Decreto Ley que contempla una inyección extraordinaria de 500 millones de euros en el sistema de la dependencia.
Asimismo, Bustinduy se ha comprometido a que «a la vez que se aprueben esas reformas», se produzca «una mejora sustantiva de la financiación del sistema de la dependencia».
Tal y como ha recordado el Ministerio de Derechos Sociales, el proyecto incorpora la accesibilidad universal como un derecho exigible y como una obligación para todos los poderes públicos, e incluye medidas dirigidas a simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados tanto a la situación de dependencia como a la discapacidad.
Con el objetivo de reforzar la autonomía de las personas con discapacidad y facilitar su integración en el mercado laboral, la norma prevé que se pueda compatibilizar el empleo con los servicios y prestaciones del sistema. Desde la asociación Plena Inclusión han valorado favorablemente este avance, al recordar que en España 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual carecen de un empleo remunerado.
El texto también contempla la ampliación del catálogo de servicios y prestaciones para quienes se encuentran en situación de dependencia y para las personas con discapacidad; prevé la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones instaurado en 2012 y suprime el plazo suspensivo máximo de dos años para las prestaciones económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar.
Según el Ministerio de Derechos Sociales, la modificación simultánea de ambas leyes permitirá «avanzar en la transformación del modelo de cuidados» con el objetivo de «dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas».
