El PP, aprovechando su mayoría absoluta, ha avanzado en la aprobación de una proposición de ley destinada a fortalecer el sector agroalimentario en España. Esta ley incluye, como principales medidas, la implementación de un seguro de estabilización de ingresos para agricultores con dificultades económicas y la aplicación del tipo mínimo del IVA permitido en energía y compras vinculadas a la actividad agrícola, ganadera y forestal.
La propuesta ha sido respaldada con los votos a favor de los ‘populares’ y Unión del Pueblo Navarro (UPN), y la abstención de la Agrupación Herreña Independiente, la Agrupación Socialista Gomera y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y otros grupos han votado en contra.
El seguro de estabilización se integrará en el sistema de seguros agrarios combinados y se ejecutará mediante ayudas anuales del Gobierno para los propietarios de explotaciones agrícolas en crisis, debido a altos costos de producción o precios de venta inferiores a estos costos.
Además, la ley propuesta incorporará cambios en aspectos como las coberturas, la tarificación o el reaseguro para asegurar la ‘futura viabilidad’ del sistema de seguros agrarios combinados, ‘en especial ante el incremento en la frecuencia y gravedad de fenómenos extraordinarios’ y ‘no controlables’.
La normativa también buscará fomentar proyectos que absorban dióxido de carbono y mecanismos de compensación de la huella de carbono, así como apoyar la comercialización en el mercado de emisiones de carbono de las reducciones logradas en las explotaciones o instalaciones.
La ley del PP también incluirá un sistema de alerta temprana contra imprevistos económicos para que agricultores y ganaderos puedan reaccionar con anticipación, y mejorará la posición negociadora de los productores en el mercado, mediante la implementación de lonjas de referencia y el fomento de la incorporación a cooperativas y organizaciones de productores, el apoyo a la venta directa y la reducción del desperdicio alimentario en las primeras etapas de la cadena de suministro.