El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para poner en marcha este miércoles la tramitación de una proposición de ley de “defensa y protección” de los símbolos nacionales, entre ellos la bandera y el himno de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey. El texto incorpora un régimen de sanciones para los cargos públicos que incumplan estas obligaciones, que puede llegar a la prohibición de ser nombrados para un cargo durante un máximo de cuatro años. Ahora, la iniciativa será remitida al Congreso, que deberá decidir si continúa su tramitación parlamentaria o si, por el contrario, la tumba.
En la exposición de motivos, los populares han alegan que actualmente no hay una regulación específica que ampare la defensa y protección de las banderas, escudos e himnos de España, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, más allá del delito de ultraje recogido en el Código Penal.
En este contexto, el PP ha sostenido que su proposición de ley “viene a llenar ese vacío normativo”, fijando las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales de España. El proyecto se compone de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, distribuidos en tres capítulos diferenciados.
La senadora del PP Marimar Blanco ha asegurado que "el Gobierno ha renunciado a defender los símbolos del Estado para mantenerse en el poder, porque Sánchez es valiente para pactar con quienes incumplen, pero muy cobarde para exigir que se cumpla la Ley”. En este sentido, ha recordado que el presidente del Ejecutivo fue “capaz de excluir la bandera española nada más y nada menos que el Día de la Hispanidad, pero protegido por una inmensa bandera palestina”.
También banderas de las CCAA y los ayuntamientos
Según el texto que ha tomado en consideración la Cámara Alta, se consideran símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y el estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.
El PP recalca que estos símbolos deberán exhibirse en sus respectivos ámbitos territoriales, permitiéndose únicamente, de forma excepcional, la colocación ocasional de otros símbolos como gesto de cortesía hacia otros Estados o comunidades con motivo de visitas oficiales.
Al tratarse de una norma de carácter administrativo y atendiendo a su ámbito subjetivo de aplicación, la protección de los símbolos se “circunscribe” al espacio físico, edificios y dependencias que sean de titularidad de cada administración pública.
Las obligaciones de defensa y protección de estos emblemas serán exigibles a los altos cargos y autoridades, que quedarán sometidos a un régimen sancionador graduado en función de la gravedad de las conductas.
Las infracciones calificadas como graves conllevarán la pérdida del derecho a percibir la indemnización por cese en el cargo. En el caso de las infracciones muy graves, además de esa sanción, se prevé que los responsables no puedan ser designados de nuevo como cargo público o autoridad durante un periodo de cuatro años.