El Senado ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones frente al Gobierno, promovido por el PP, por no haber cumplido con su deber constitucional de remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La Cámara Alta reclama además que se dejen sin efecto las sucesivas prórrogas presupuestarias, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Con su mayoría absoluta, los 'populares' sacaron adelante hace dos meses en el Pleno del Senado este conflicto de atribuciones con el propósito de forzar al Ministerio de Hacienda a registrar cuanto antes las nuevas cuentas públicas.
De acuerdo con el procedimiento previsto para los conflictos de atribuciones, el Pleno dio luz verde a la iniciativa, la asumió como propia y la remitió formalmente al Ejecutivo, que disponía de un mes para responder desde la recepción del escrito o, en su defecto, dejar transcurrir el plazo sin contestación.
Transcurrido ese tiempo y sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya presentado el proyecto de Presupuestos, la Mesa del Senado ha optado por elevar el asunto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.
El PP invoca la "obligación" constitucional de presupuestar
En el documento registrado, el PP sostiene que el Senado "no debe admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Ejecutivo, "que tiene un deber constitucional de presupuestar".
Asimismo, los 'populares' alertan de que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" derivada de la ausencia de nuevas cuentas, al entender que resulta "contraria al principio de legalidad presupuestaria".
El texto recuerda que "la situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año".
En este contexto, el PP afirma que en este momento "no existe justificación posible" para no elaborar y remitir el proyecto de Presupuestos, "salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos".
El escrito subraya que "y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria".
Acusación de "abuso de la prórroga presupuestaria"
En consecuencia, el Senado pide al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno "ha vulnerado la atribución constitucional" de la Cámara Alta para intervenir en la aprobación de los PGE, modificarlos y fiscalizar la actuación del Ejecutivo, al "no presentar este proyecto de ley y por el abuso que se está haciendo de la prórroga presupuestaria".
El escrito también solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que se han aplicado el 1 de enero de 2024, 2025 y, en su caso, 2026.
Finalmente, se reclama que el TC se pronuncie sobre las situaciones jurídicas generadas al amparo de esa supuesta vulneración competencial y que fije un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su obligación constitucional en materia de elaboración y presentación de las cuentas públicas.