La mayoría de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición han adelantado que respaldarán la convalidación de la reforma de la Ley de Memoria Democrática, destinada a compensar económicamente a las personas asesinadas o que padecieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. Junts, en cambio, ha expresado fuertes reservas sobre el decreto que se someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso y ha optado por no desvelar aún el sentido de su voto.
Tras las conversaciones mantenidas con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG han comprometido su apoyo a cambio de que sus exigencias se incorporen más adelante al articulado, ya que el decreto se tramitará como proyecto de ley. El ministro ha solicitado de forma expresa que esas enmiendas se registren en un plazo de dos o tres semanas, si bien ello no garantiza su debate ni aprobación, como demuestra el elevado número de proyectos de ley procedentes de decretos que permanecen bloqueados en esta legislatura, incluso con las enmiendas ya presentadas.
Podemos, Bildu y el BNG han insistido en la conveniencia de ampliar el periodo temporal previsto en la reforma para que puedan reconocerse indemnizaciones por fallecimientos o lesiones incapacitantes ocurridos hasta el 31 de diciembre de 1983, recordando que la propia Ley de Memoria admite vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha. Esquerra, por su parte, ha anunciado un entendimiento con Torres por el que el Ejecutivo se comprometería a aceptar ese nuevo límite temporal, a ampliar el plazo para solicitar las ayudas —de uno a tres años— y a revisar y flexibilizar los requisitos de acceso para evitar lo que califican de "exclusiones injustas" y garantizar que casos emblemáticos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.
El portavoz de ERC en esta materia, Francesc Marc Álvaro Vidal, ha reclamado que se aplique un criterio interpretativo favorable a las víctimas, asegurando una "reparación integral" y evitando recortar derechos ya consolidados. En la misma línea se han expresado la diputada de Bildu Isabel Pozueta; el representante del BNG, Néstor Rego, y la diputada de Podemos Martina Velarde, que ha aprovechado su intervención para exigir una ley específica que repare a los 'bebés robados'. A su vez, Mikel Legarda, del PNV, ha reiterado la necesidad de aprobar una nueva normativa sobre secretos oficiales.
Junts reclama incluir a guerrilleros antifranquistas
El diputado de Junts Josep María Cervera ha sido especialmente duro con el contenido del decreto, aunque ha evitado adelantar si su grupo se inclinará por el sí, el no o la abstención. Vox ya ha anunciado su voto en contra y, a tenor de sus críticas, el PP podría seguir la misma senda, de modo que la convalidación podría acabar dependiendo de la posición final de Junts.
Cervera reprocha al Gobierno haber dado un "salto hacia atrás" al dejar fuera de la ley a los "guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas". A su juicio, es "legítimo" plantearse "si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura". "Reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que en ausencia de libertades la resistencia puede adoptar formas que hoy en una democracia ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera", ha argumentado desde la tribuna.
PP y Vox acusan al Gobierno de reescribir la Transición
El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha calificado el decreto ley de "un despropósito jurídico, una aberración histórica y una deslegitimación constitucional" que, en su opinión, supone "un ataque directo a la base fundacional de la democracia". Considera que el texto sitúa como "cómplices de la represión" a todos los diputados elegidos en las "elecciones libres" de 1977, incluidos los 118 del PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra al frente, así como a dirigentes comunistas como Santiago Carrillo, Marcelino Camacho o Dolores Ibarruri.
Tras leer fragmentos de dos comunicados de ETA de 1977 en los que la banda sostenía que no se la podía acusar de querer "desestabilizar la democracia" porque esta no existía, ha reprochado al PSOE haber asumido el mismo relato que "escupía ETA para justificar sus asesinatos". "Han blanqueado a Bildu y ahora también quieren blanquear a un juez prevaricador como (Baltasar) Garzón para que presida una totalitaria y distópica Comisión de la Verdad", ha añadido. En una línea similar, Ignacio Hoces, de Vox, ha acusado al PSOE de mantener una "doble vara de medir" al legislar sobre hechos de hace 90 años mientras deja sin resolver 400 asesinatos de ETA y "blanquea" a Bildu. A su juicio, "son crueles con las víctimas del terrorismo de hoy, amnésicos con sus corruptelas actuales y, en cambio, actúan como arqueólogos militantes para retorcer nuestro pasado", por lo que ha tildado la reforma de "infame patraña".
Debate sobre la fecha de fin de la dictadura
En el tramo final del debate, el diputado andaluz del PSOE Ignacio López Cano ha interpelado al PP sobre si se atreverá a votar en contra o a abstenerse ante una ley que permitirá indemnizar a las hermanas de García Caparrós, recordando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, se envuelve cada 4 de diciembre en la bandera verdiblanca. Muñoz Abrines le ha respondido que la "trágica muerte" del joven militante de Comisiones Obreras fue "deleznable, inaceptable e injusta", pero ha subrayado que se produjo cuando "ya no había dictadura" y que "ya no se pedía libertad, sino descentralización". Por ello, ha defendido que las compensaciones en este caso deberían articularse a través de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado por daños policiales y no mediante la Ley de Memoria.