Sumar, Bildu, el PP y Vox buscan reformar la ley de Transparencia e integridad de las actividades de grupos de influencia, proponiendo que el registro de ‘lobbies’ sea supervisado por una entidad independiente en lugar de la Oficina de Conflictos de Interés, vinculada al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Estos grupos políticos, incluyendo al socio minoritario del Gobierno de coalición y Bildu, han presentado enmiendas parciales que coinciden en la necesidad de desvincular la fiscalización de los ‘lobbies’ del Ejecutivo, optando por una entidad autónoma sin capacidad de recibir directrices políticas y con recursos adecuados para su funcionamiento.
ACTUACIÓN OBJETIVA E IMPARCIAL, «SIN INTERFERENCIAS POLÍTICAS»
Según las enmiendas, que fueron reportadas por Europa Press, Sumar sugiere que el responsable de esta nueva entidad tenga un rango de director general y sea nombrado por las Cortes para un periodo de seis años no renovable. Además, plantea la implementación de un sistema de control externo que asegure una actuación objetiva e imparcial «y sin interferencias políticas».
Bildu propone reemplazar la actual Oficina de Conflicto de Intereses por una Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública, dirigida por un funcionario experimentado. Sumar y el PP, por su parte, sugieren que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se encargue temporalmente de la supervisión de los ‘lobbies’.
Vox, aunque acepta que la Oficina de Conflicto de Intereses maneje el registro, exige su transformación en un «ente independiente de derecho público con plena capacidad y autonomía funcional y organizativa». Además, propone que esta oficina también supervise y controle los conflictos de interés en todas las administraciones públicas.
El PP desea ampliar la regulación de los ‘lobbies’ a las Cortes Generales y extender el control a todos los empleados públicos que influyan en la toma de decisiones. La mayoría de los grupos abogan por una mayor transparencia en la información aportada por los ‘lobbies’, mientras que Vox propone incluir a partidos políticos, sindicatos y patronales como grupos de interés.
Podemos pide que la normativa también cubra los vínculos de los ‘lobbies’ con el Poder Judicial y establece sanciones significativas para las infracciones cometidas por estos grupos. Por otro lado, ERC y el PNV sugieren ajustes adicionales relacionados con la publicación de información y la entrada en vigor de la ley.