Sumar condena la huelga de jueces por considerarla una medida de «presión política» que perjudica la separación de poderes

El conjunto de Sumar en el parlamento ha expresado su desaprobación frente a la huelga organizada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo las de orientación progresista, señalando que posee un «claro componente político» y busca imponer «presión política» al parlamento, lo que representa una «injerencia preocupante» y perjudica la división de poderes en el país.

Además, señalan que es deber del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegurar la prestación de servicios mínimos, aunque este órgano rechace esta obligación, argumentando que la administración de justicia es un servicio «esencial» y esperan que se realice «el correspondiente descuento en la nómina, como ocurre con cualquier otra persona» que participa en una huelga.

«Ser juez o jueza no puede implicar privilegios en el caso de realizar una huelga», recalca el grupo en un comunicado, argumentando que esta huelga «no responde a una reivindicación puramente laboral».

Sumar subraya que el derecho a la huelga es una «conquista irrenunciable», originada en la lucha sindical y de la izquierda, y que aunque no existe una «regulación específica» para la judicatura en este aspecto, tampoco hay una «norma constitucional u orgánica que lo prohíba expresamente».

Con relación a los paros programados para los días 1, 2 y 3 de julio, la agrupación manifiesta que «se trata de una protesta contra decisiones legislativas adoptadas democráticamente por el Congreso» y que, por ende, su naturaleza es «claramente política», lo que supone una «injerencia preocupante del poder judicial en las competencias del poder legislativo».

«Aunque en la convocatoria formal se recogen algunas demandas de tipo profesional -relativas a carrera, salud laboral o sobrecarga de trabajo-, el eje central de la protesta es la presión directa al legislador para condicionar su actuación al dictado de los intereses corporativos de una parte de la judicatura. Esta pretensión no solo es improcedente en términos institucionales, sino que daña gravemente el equilibrio entre poderes y los principios democráticos de nuestro sistema», afirma Sumar en su comunicado.

Finalmente, el grupo plurinacional reafirma su compromiso con una «justicia verdaderamente independiente, accesible y al servicio de la ciudadanía» y rechaza «cualquier intento de utilizar el poder judicial como herramienta de presión política contra el Parlamento».