El portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha instado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abandonar la dinámica de anunciar viviendas “como churros” si después esas promociones no se traducen en hogares reales para la población. Sus palabras aluden al plan para levantar 15.000 viviendas al año mediante el fondo soberano 'España Crece'.
El lunes, el jefe del Ejecutivo avanzó que se movilizarían 23.000 millones de euros para impulsar la construcción de ese parque residencial. En una comparecencia ante los medios este martes, Ibáñez ha reclamado “rigor” a Sánchez en todo lo relativo a la política de vivienda.
“Pensamos que es fundamental pedir rigor al presidente del Gobierno en materia de vivienda. Y es que deje anunciar viviendas como churros que luego no llegan, que luego la gente no las ve”, ha señalado en rueda de prensa. En la misma comparecencia, ha reiterado la demanda de que el Ejecutivo apruebe una moratoria que detenga la gran revisión de contratos de alquiler que afecta a más de 600.000 arrendamientos.
Al mismo tiempo, el diputado de Compromís ha defendido una iniciativa para destinar préstamos de los fondos europeos, por un total de 60.000 millones de euros, a la adquisición masiva de viviendas ya construidas o de obra nueva. No obstante, según ha denunciado Ibáñez, los ministerios de Hacienda y Economía tienen la intención de renunciar a esos créditos.
Que el beneficio privado no marque la política de vivienda
Por su parte, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha valorado positivamente el anuncio del presidente por la necesidad de incrementar el parque de vivienda de alquiler asequible. Sin embargo, ha subrayado que el objetivo no puede estar guiado por el afán de beneficio, en alusión al llamamiento de Sánchez a los inversores para canalizar capital hacia el alquiler asequible.
A continuación, Barbero ha recalcado, en sintonía con Ibáñez, la urgencia de la prórroga automática de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y que condicionan, a corto plazo, la situación residencial de 1,6 millones de personas.