Sumar ha reclamado al Gobierno explicaciones por los bloqueos “reiterados y masivos” de direcciones IP que, según denuncia, se estarían produciendo mientras se emiten partidos de la Liga española de fútbol, con la finalidad de frenar la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos.
El socio minoritario del Ejecutivo se hace así eco de informaciones publicadas por distintos medios que apuntan a que estos bloqueos se estarían llevando a cabo en virtud de resoluciones judiciales dirigidas no a proveedores globales de infraestructura, sino directamente a las redes de acceso a Internet, es decir, a los operadores de telecomunicaciones, mediante órdenes de bloqueo de carácter general.
En el escrito registrado en el Congreso, recogido por Europa Press, Sumar remarca que este planteamiento diferencia “claramente el caso español de otros modelos europeos” y sostiene que, en España, la ejecución técnica de los bloqueos se lleva a cabo de forma “indirecta, amplia y poco precisa”, lo que habría dado lugar a un fenómeno de “sobrebloqueo” que impacta en miles de páginas legítimas y totalmente ajenas a cualquier vulneración de derechos de propiedad intelectual.
El documento del grupo parlamentario señala que empresas proveedoras de servicios de infraestructura de Internet a escala mundial han advertido de las supuestas deficiencias técnicas ligadas a estos bloqueos masivos.
Denuncian el bloqueo de sitios web legales
Según exponen, los bloqueos de páginas que operan dentro de la legalidad se estarían aplicando “sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación”, afectando además a miles de personas usuarias de servicios de Internet.
Como ejemplo, citan a LaLiga —organizadora de las competiciones profesionales de fútbol en España y responsable de la comercialización de sus derechos audiovisuales— como impulsora de un bloqueo de direcciones IP compartidas por miles de sitios web, lo que habría ocasionado “graves cortes de Internet en toda España durante los partidos”, tal y como han indicado compañías como Cloudflare.
Estos cortes habrían perjudicado a servicios informativos, comerciales, educativos y de comunicación “que nada tienen que ver con la retransmisión de eventos deportivos”.
Sumar ve “especialmente preocupante” que, pese al impacto “acreditado” sobre derechos fundamentales y sobre el funcionamiento normal de Internet, LaLiga no haya ofrecido explicaciones ni asumido responsabilidad alguna por estos hechos.
“El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la 'piratería' no justifica estos abusos”, ha señalado en un tuit el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago.
Reclaman supervisión y garantías
En este contexto, el grupo plurinacional insta al Gobierno a poner en marcha un mecanismo de supervisión y control que asegure la transparencia y evite que la aplicación de estos bloqueos sea “masiva e indiscriminada”. Además, considera que no se ha demostrado que estos bloqueos generalizados sean realmente eficaces para reducir de forma significativa el problema de la piratería.
Por ello, interpelan al Ejecutivo sobre si conoce el impacto real de los bloqueos de direcciones IP vinculados a eventos deportivos en miles de sitios legítimos y en el acceso general a Internet en España; qué medidas ha puesto en marcha hasta ahora para supervisar técnica y jurídicamente su aplicación y prevenir el sobrebloqueo; y qué actuaciones prevé para asegurar que estas medidas se ajusten a los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación a terceros.
Sumar quiere saber también si existen mecanismos de transparencia, control o rendición de cuentas que permitan identificar, impugnar o reparar bloqueos indebidos; si el Gobierno ha pedido a LaLiga o a las operadoras de telecomunicaciones información detallada sobre el alcance, duración y efectos de los bloqueos; de qué datos dispone sobre su influencia en la reducción de la piratería digital; y si contempla adoptar medidas alternativas o complementarias “que permitan conciliar los derechos de los usuarios de Internet la persecución de la piratería digital”.