En la próxima sesión de control en el Congreso, Sumar pedirá explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los continuos retrasos en el servicio de Cercanías de Aragón y los controvertidos peajes en Asturias. Este miércoles será la segunda vez que Sumar interpela a un ministro del socio del Gobierno en coalición, después de que Alberto Ibáñez, de Compromís, iniciara este tipo de cuestionamientos el pasado 17 de septiembre, solicitando al ministro de Industria y Turismo, el socialista Jordi Hereu, una evaluación de la temporada turística.
Esta vez, las preguntas serán más directas y se enfrentarán a las directrices del Ministerio de Transportes. El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, pedirá a Puente detalles sobre cómo piensa implementar la proposición no de ley que busca mejorar y ampliar el servicio de Cercanías en el corredor Zaragoza-Huesca, aprobada en Comisión el 20 de marzo de 2024, con el objetivo de favorecer la descarbonización del transporte.
No se cumple lo aprobado
La propuesta exige una mejora en las frecuencias, horarios y el material rodante de la línea C1 (Casetas-Miraflores), y la elaboración de estudios que permitan extender el servicio hasta localidades como Huesca, Gallur, Quinto, Cariñena y Calatayud, teniendo en cuenta la opinión de las administraciones locales y aragonesas. En una rueda de prensa reciente, Pueyo criticó la falta de un servicio de Cercanías adecuado en Zaragoza, la cuarta ciudad del país, y argumentó que su mejora repercutiría positivamente en la vida laboral, económica y educativa de los aragoneses, además de reducir el tráfico vehicular significativamente.
Por otro lado, el diputado asturiano Rafael Cofiño, del Movimiento Sumar de Yolanda Díez, cuestionará las intenciones del Ministerio de Transportes respecto a la eliminación del peaje del Huerna, que enlaza Asturias con León, considerando la reciente resolución de la Comisión Europea y el Manifiesto de la ‘Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita’.
La Comisión Europea ha declarado que las extensiones de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 fueron realizadas contraviniendo el derecho de la Unión, por no haberse efectuado mediante licitación pública y por modificar los contratos originales, lo que viola los principios de igualdad, transparencia y servicio al interés general. Sin embargo, el Ministerio no tiene planes de eliminar los peajes.