QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) ante el Congreso, solicitando al Gobierno la adopción inmediata de medidas para erradicar el mercado ilegal que interfiere en la obtención de turnos y citas para trámites de extranjería, con el fin de asegurar los derechos de acceso a la administración para los migrantes que necesitan regularizar su situación.
La PNL, impulsada por Chunta Aragonesista y destinada a ser debatida en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, exige al Ejecutivo reforzar los recursos humanos y extender los horarios de atención; además de fortalecer la seguridad tecnológica contra el fraude y los bots, y establecer un mecanismo de control para evitar la reventa de citas.
La propuesta también pide reforzar la coordinación policial para desmantelar las redes criminales, asegurando la ejecución de las sanciones y penas estipuladas por la ley; y propone la creación de líneas telefónicas multilingües, ventanillas prioritarias para emergencias y asistencia legal gratuita para denuncias de estafa. Además, se solicita mejorar la transparencia y la publicidad de la información para eliminar la opacidad que beneficia a las mafias.
Por otro lado, se busca simplificar los procedimientos administrativos y ampliar los plazos para prevenir la saturación del sistema, incorporando el silencio administrativo positivo a favor del solicitante en el tiempo establecido. Jorge Pueyo Sanz, portavoz del grupo, enfatiza la necesidad de que la Administración garantice un acceso equitativo a los servicios y la protección efectiva de los derechos, incluidos los de documentación y trabajo.
El Grupo Parlamentario critica que la situación actual es una consecuencia lógica de la austeridad administrativa y una gestión deficiente, y urge al Estado a recuperar la soberanía del servicio público mediante más recursos, sistemas mejorados, controles efectivos y sanciones severas. «No queremos que la desesperación se convierta en una tarifa más en el mercado negro: queremos justicia, derechos y oficinas que funcionen para todas las personas, sin intermediarios explotadores», declaró.
