Sumar ha puesto en conocimiento del Congreso de los Diputados las “amenazas y agresiones verbales” que sufren las trabajadoras del 016, el servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género, entre las que se incluyen expresiones como “ojalá os quemen vivas”.
Así lo exponen las diputadas de Sumar Júlia Boada, Esther Gil de Reboleño y Engracia Rivera en una batería de preguntas registrada en la Cámara Baja sobre la seguridad de las empleadas del 016, tras la publicación el 9 de enero de este año en eldiario.es de varios testimonios de trabajadoras.
Las parlamentarias sostienen que las profesionales del 016, dependiente del Ministerio de Igualdad, “han venido recibiendo de manera recurrente amenazas y agresiones verbales de extrema gravedad, incluyendo expresiones como 'os vamos a matar' y 'ojalá os quemen vivas', así como insultos de carácter machista”.
Alertan, además, de que estos “ataques” se producen de forma “prácticamente diaria” y subrayan que “representan un riesgo real para la integridad física y emocional de las trabajadoras”.
Detallan también que el servicio, actualmente gestionado por una empresa externa, se contrata cada cuatro años mediante concurso público convocado por el Ministerio de Igualdad. Entre los cambios del nuevo contrato, adjudicado el 13 de noviembre de 2025, figura la difusión de la ubicación de la sede de atención. El contrato entrará en vigor el próximo 5 de marzo, fecha a partir de la cual las trabajadoras deberán desplazarse a un edificio en Madrid cuya dirección será pública.
Desde Sumar señalan que el departamento que dirige Ana Redondo indica que estos episodios suponen un 0,14% del total de llamadas. No obstante, las diputadas recalcan que “la naturaleza de las amenazas y el riesgo que implican exigen una respuesta institucional clara, efectiva y con medidas de protección que incluyan un refuerzo de la atención psicológica y los protocolos de seguridad”.
Reclaman medidas de protección y seguimiento
En su iniciativa parlamentaria, las diputadas preguntan por las “medidas concretas” que prevé adoptar el Ministerio de Igualdad “para garantizar la seguridad física y psicológica de las trabajadoras del servicio 016 ante las amenazas recurrentes que sufren en el ejercicio de sus funciones”.
Igualmente, plantean si se contempla la creación de algún sistema de denuncia automática o de seguimiento legal de quienes llaman al 016 “con el objetivo de acosar, amenazar o intimidar a las trabajadoras, para garantizar la efectividad de la acción penal y evitar la impunidad”.
También solicitan saber si Igualdad tiene intención de introducir cambios en el nuevo contrato “para proteger la confidencialidad y la ubicación de las sedes del servicio para garantizar la seguridad de las trabajadoras”.
Del mismo modo, interrogan al Gobierno sobre si se prevé atención psicológica específica para el personal afectado y si existen protocolos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para “prevenir y actuar” ante situaciones de acoso o agresión dirigidas contra las trabajadoras del 016.