Sumar someterá a debate este miércoles en el Congreso una proposición no de ley que reclama cambios normativos para acotar la venta de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual “exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.
En una semana en la que la política de vivienda centra la agenda parlamentaria, tras el rechazo en el Pleno del decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, la formación de Yolanda Díaz defenderá esta iniciativa en la Comisión de Economía.
La propuesta, promovida por el portavoz económico del grupo, Carlos Martín, junto a los dirigentes de En Comú integrados en Sumar, Aina Vidal y Félix Alonso, recoge un conjunto de medidas orientadas a reforzar la protección de los hogares ante el riesgo asociado a las hipotecas variables.
Según el texto registrado, los plurinacionales sostienen que estos préstamos actúan como un canal de transmisión de la incertidumbre financiera, al entender que los hogares “no están en condiciones” de gestionar con solvencia riesgos financieros variables a muy largo plazo en un ámbito tan sensible como la financiación de la vivienda habitual.
La preocupación se acentúa en escenarios de inestabilidad política internacional como el actual, cuando las cuotas hipotecarias pueden dispararse de forma repentina por las expectativas de los mercados u otros elementos que “escapan por completo” al control de las familias.
Sumar subraya que trasladar de forma generalizada a los hogares el riesgo de tipos de interés implica “imponer a la parte más débil de la relación contractual una carga que no puede administrar en condiciones de igualdad”, ya que las familias carecen de departamentos de análisis de riesgo, instrumentos de cobertura, capacidad de diversificación y poder de negociación equiparables a los de las entidades financieras.
En este marco, el grupo plantea un paquete de actuaciones que, además de restringir el uso de hipotecas variables, contempla revisar el régimen de comercialización de las hipotecas mixtas para impedir que se conviertan en una vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable.
El texto recuerda que, aunque en 2025 el 92% de las nuevas hipotecas se firmaron con algún tramo inicial a tipo fijo, casi una cuarta parte terminaron configurándose como productos mixtos “que no eliminan el riesgo de tipos, sino que lo difieren en el tiempo”.
Estudiar un nuevo índice hipotecario
En paralelo, Sumar plantea impulsar el análisis de alternativas al Euríbor y al IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el objetivo de reducir la exposición de los hogares a indicadores sometidos a limitaciones estructurales, ausencia de volumen de transacciones en determinados plazos, una volatilidad superior a la deseable para contratos de larga duración y un riesgo añadido de manipulación.
Asimismo, propone que en el plazo de un año se evalúe el impacto distributivo y social del actual modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de las familias, prestando especial atención a la dependencia del tipo variable, a la evolución del esfuerzo que supone la hipoteca y al riesgo de pérdida de la vivienda habitual.
Otra de las líneas de actuación que recoge la iniciativa consiste en legislar sobre el “importante desequilibrio” a la hora de determinar la abusividad de cláusulas no transparentes, con el fin de reforzar la seguridad jurídica en los litigios que afectan a los derechos de los consumidores.
El grupo recuerda, en relación con el IRPH, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que las cláusulas que lo incorporan no quedan excluidas del control de transparencia y que corresponde a los tribunales nacionales comprobar, caso por caso, si el consumidor recibió información suficiente para comprender el funcionamiento del índice.
Por ello, Sumar reclama la adopción de las reformas legislativas necesarias para permitir la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las pautas fijadas por el TJUE, con el propósito de dar pleno efecto a esa jurisprudencia y corregir las resoluciones nacionales que se hayan apartado de la doctrina europea de obligado cumplimiento.