El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con el fin de que el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1% del PIB en el sistema universitario pase de ser orientativo a tener carácter obligatorio, y que esta cuestión se debata en el Pleno de la Cámara.
La propuesta, recogida por Europa Press, plantea que el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y las universidades, fije una senda de incremento gradual de recursos que haga posible lograr ese nuevo umbral de financiación en un horizonte temporal razonable y compatible con la planificación presupuestaria de cada administración implicada.
Además, Sumar reclama que la reforma de la LOSU incluya plazos concretos, herramientas de seguimiento, criterios claros de evaluación y, si fuera necesario, instrumentos de corrección que permitan asegurar que se cumple esta obligación de financiación básica del sistema universitario.
En esta línea, la formación defiende la necesidad de impulsar un pacto de Estado por la Universidad Pública que blinde su financiación, refuerce su liderazgo y consolide su función social, de forma que la financiación por objetivos que fijan las comunidades autónomas quede condicionada a que los presupuestos se ajusten al nivel medio de recursos con el que cuentan actualmente las universidades públicas europeas en su conjunto.
Paralelamente, Sumar ha registrado otra proposición no de ley orientada a reforzar la supervisión y el aseguramiento de la calidad en las universidades privadas y en las nuevas titulaciones que estas ofertan, que también será sometida a debate en el Pleno del Congreso.
Mediante esta segunda iniciativa, la formación exige que se haga efectivo el cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 640/2021, que fija un periodo de cinco años para que las universidades privadas ya existentes se adapten a las nuevas exigencias en materia de implantación de títulos, actividad investigadora, número de profesores doctores y suficiencia de infraestructuras.
“Dicho plazo vence en 2026, por lo que resulta imprescindible garantizar que las comunidades autónomas disponen de mecanismos eficaces de comprobación y que el Ministerio de Universidades supervise adecuadamente su cumplimiento”, apunta.
En este contexto, Sumar propone articular un sistema de seguimiento, en colaboración con las comunidades autónomas y las agencias de evaluación, que permita comprobar de forma efectiva que las universidades privadas han cumplido todas las obligaciones de adaptación previstas en la normativa.
La iniciativa también plantea revisar el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones, con el objetivo de que ningún título pueda ponerse en marcha sin una evaluación previa completa, exigente y acreditada de sus estándares de calidad, su viabilidad y su adecuación académica, siempre bajo la supervisión del Consejo de Universidades.
Asimismo, Sumar pretende que el procedimiento de verificación y autorización de las enseñanzas universitarias oficiales regulado en el Real Decreto 822/2021 se aplique a los operadores privados con los mismos niveles de exigencia que a las universidades públicas, elevando los requisitos mínimos de planificación académica, plantilla docente, infraestructuras y solvencia institucional, y garantizando una supervisión real, coordinada y transparente de todas las nuevas titulaciones que se oferten.