Sumar ha defendido este jueves la posibilidad de volver a fragmentar el decreto del escudo social, que actualmente agrupa la prohibición de desahucios y de cortes de suministros básicos como agua y luz a personas vulnerables, así como las exenciones fiscales para las ayudas por los incendios y la dana. El objetivo sería intentar salvar algunas de estas medidas ante el rechazo frontal de PP, Vox y Junts al texto en su redacción actual.
Estas tres formaciones ya tumbaron previamente un primer decreto que incorporaba la revalorización de las pensiones para 2026 junto a otras disposiciones, lo que obligó al Gobierno a extraer la parte relativa a las pensiones de ese paquete normativo para garantizar, al menos, la aprobación de este punto que sí contaba con el respaldo de PP, Vox y Junts.
Pese a ello, los partidos de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Carles Puigdemont continúan rechazando el resto del contenido impulsado por el Ejecutivo, principalmente por la moratoria antidesahucios. Ante este bloqueo, el socio minoritario del Gobierno propone un nuevo despiece del decreto con el fin de sacar adelante al menos una parte de las medidas.
El portavoz parlamentario de IU integrado en Sumar, Enrique Santiago, ha señalado este jueves en los pasillos del Congreso que “si hace falta plantearlo en distintas normas”, el Gobierno así lo tendrá que hacer, al tiempo que ha calificado de “vergüenza” el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Sumar pide un nuevo decreto de forma inmediata
El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha defendido que “mañana mismo” el Ejecutivo debería registrar un nuevo decreto. “Me da igual que presente dos, tres, que doce, el Gobierno tiene la obligación moral de cubrir a las personas en vulnerabilidad”, ha subrayado.
Ibáñez ha remarcado la necesidad de impedir que “desahucien a los niños” y “que corten la luz a las familias más empobrecidas”, y ha advertido además de que el rechazo del PP al decreto actual implica también bloquear la actualización de las entregas a cuenta, lo que, a su juicio, supone renunciar a más recursos para la financiación autonómica y municipal.
En la misma línea se ha expresado la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, partidaria de que los decretos se tramiten “caso a caso” y no mediante grandes decretos ómnibus que, en ocasiones, le parecen “chantajes” del Gobierno.
Sumar presiona a PP, Vox y Junts mientras Junts fija condiciones
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha indicado que el grupo estudiará todas las alternativas si el decreto decae, pero ha advertido de que no se puede llegar al extremo de “traer cosas a cachos para elegir entre personas vulnerables”.
“Seguimos empeñadas en que tienen que votar a favor, yo lo que no voy a hacer es ahora hacerles un descargo de responsabilidad”, ha remachado la portavoz parlamentaria.
Junts, por su parte, ha precisado que el único punto del decreto que rechaza es la moratoria antidesahucios, al considerar que fomenta la 'okupación' de viviendas. Por ello, la formación ha avanzado que apoyaría el resto del contenido si el Gobierno decide tramitarlo por separado.
Para sostener su negativa a la moratoria antidesahucios, el partido ha anunciado que registrará una proposición no de ley con la que defenderá que el Ejecutivo puede recurrir al mecanismo de la enervación del desahucio, previsto en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de evitar el desalojo de personas vulnerables utilizando los recursos del Estado.
Preguntado por la postura de Junts ante el escudo social, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no se cree que los de Puigdemont vayan a respaldar el decreto aunque se retire la moratoria antidesahucios: “Mienten más que hablan”.