Sumar ha pedido al Gobierno que articule medidas urgentes para que los jubilados conocidos como 'Niños de la Guerra', enviados a Rusia durante la Guerra Civil, recuperen la pensión que ese país dejó de abonarles en 2024 por las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania, y ha llegado a proponer que el Ejecutivo adelante temporalmente esas cantidades mientras persista el bloqueo.
Diputados vinculados a IU y a los Comunes, integrados en el grupo plurinacional, han registrado varias preguntas en el Congreso dirigidas al Ejecutivo, en las que reclaman datos precisos sobre el número de personas afectadas y sobre las gestiones diplomáticas en marcha para que estos beneficiarios, de edad muy avanzada, puedan seguir cobrando la prestación que les corresponde. Además, advierten de que parte de este colectivo ha fallecido sin que el problema se haya solucionado.
En sus iniciativas parlamentarias recuerdan que, en plena Guerra Civil, entre 1936 y 1939, la extinta Unión Soviética (URSS) recibió a miles de menores españoles que fueron “evacuados” por sus familias para alejarlos del conflicto desencadenado “por el golpe de Estado militar franquista”. Añaden también que otros niños se desplazaron con posterioridad, ya bajo la dictadura franquista, como consecuencia de la “represión política sufrida” por sus allegados.
Un colectivo marcado por el exilio y un convenio de 1994
Los diputados describen a estas personas como un colectivo singular que padeció un “exilio forzoso” a raíz de la guerra y que desarrolló su trayectoria laboral en la antigua URSS y, posteriormente, en la actual Federación Rusa. En virtud de un convenio bilateral suscrito entre España y Rusia en 1994, se les reconoce el derecho a una pensión contributiva procedente de Rusia, que el sistema español complementa, cuando procede, hasta alcanzar la cuantía mínima.
No obstante, los representantes de IU y Comunes advierten de que desde diciembre de 2024 estos jubilados han dejado de recibir la pensión rusa por efecto de las sanciones internacionales y del bloqueo de las transferencias financieras motivadas por la guerra en Ucrania.
“Esta situación se prolonga ya durante más de un año, generando graves perjuicios económicos y personales a un colectivo especialmente vulnerable y muy envejecido. Algunas de estas personas han fallecido mientras esperaban el ingreso de dichas pensiones”, subrayan en el texto registrado.
Sumar pide aclarar el alcance del problema y las trabas legales
Ante este escenario, Sumar reclama que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social precise cuántos ciudadanos se encuentran en esta situación y recuerda que el propio departamento había anunciado contactos con Exteriores y Economía para tratar de reactivar el pago de las prestaciones.
“La situación resulta particularmente grave por afectar a ciudadanos españoles que ya fueron víctimas del golpe de Estado militar franquista o de la posterior represión franquista, del exilio forzoso y, en muchos casos, de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se ven nuevamente perjudicados por un conflicto bélico ajeno a su voluntad”, señalan desde la formación.
Por ello, Sumar insta al Gobierno a detallar qué obstáculos jurídicos y técnicos impiden actualmente la recepción de estas pensiones, qué tipo de gestiones diplomáticas se están realizando ante las autoridades rusas para desbloquear el problema y si el Ejecutivo contempla adelantar, con carácter extraordinario, el pago de estas prestaciones hasta que se normalicen las transferencias internacionales con Rusia.