Sumar, Podemos y Compromís han expresado este martes su expectativa de que la documentación relativa al fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que el Gobierno va a desclasificar permita aclarar con precisión el rol que desempeñó Juan Carlos I en aquella asonada.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado la relevancia de la conversación difundida en unos audios en la que Juan Carlos I comentaba a su amiga Bárbara Rey que el general Alfonso Armada, antiguo jefe de la Casa del Rey, se había "comido muchos años de cárcel" pero había "mantenido el silencio" sobre el 23F.
"Sería muy mala noticia que esta desclasificación no arrojase luz sobre la posible participación del Rey en el golpe de Estado", ha advertido la dirigente de Podemos en una rueda de prensa en el Congreso, remarcando que, a estas alturas, es imprescindible "tener claro qué papel jugó cada uno" en aquel intento de involución democrática.
En la misma línea, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha señalado que confía en poder comprobar este miércoles si, tal y como sostienen algunas fuentes, Juan Carlos I sólo "detuvo el golpe al final, cuando vio que ya no prosperaba".
Exigencia de transparencia total en la publicación de los documentos
Desde el Grupo Mixto, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha recalcado que la información no puede ofrecerse "ni a cuenta gotas ni con tachaduras", sino de manera "completa", y ha defendido que los documentos que se harán públicos este miércoles en la web de Moncloa deben servir para "dirimir todas las responsabilidades políticas" derivadas de aquel episodio, 45 años después.
Su compañero Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, ha manifestado su esperanza de que los datos permitan aclarar si el padre del actual jefe del Estado "estuvo implicado de forma directa" en el intento de golpe, "a quien llamó" Armada instantes antes de que Juan Carlos I se dirigiera a la nación por televisión y si la asonada contó con el respaldo, al menos logístico, de los servicios secretos.
Ibáñez también ha expresado su deseo de que la documentación sirva para esclarecer las "ramificaciones actuales" de quienes apoyaron el 23-F y para identificar a sus "descendientes biológicos e ideológicos" que, según ha señalado, continúan ocupando "puestos de mando" en estructuras como el Ejército o la alta magistratura.