La próxima semana, Sumar llevará al Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que solicita al Gobierno modificar la normativa sobre el despido improcedente, buscando que este acto tenga un carácter verdaderamente disuasorio para las empresas y compensatorio para los trabajadores afectados.
Tras el revés sufrido en la Cámara Baja con la propuesta de reducción de jornada, rechazada por PP, Vox y Junts, Sumar propone ahora una de sus iniciativas más destacadas en el ámbito económico. La formación argumenta la necesidad de una indemnización que actúe como freno ante los despidos sin justificación, eliminando las distorsiones que perjudican principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que son mayoritarias en el panorama empresarial español.
QUE SE TENGA EN CUENTA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA
La proposición de Sumar, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que la indemnización por despido considere aspectos como el volumen de negocio, el tamaño de la empresa o otras circunstancias relevantes. Según Sumar, esto evitaría despidos injustificados por parte de las corporaciones más grandes o con más recursos, ya que actualmente no enfrentan las mismas consecuencias económicas que las empresas menores, lo que propicia el ‘dumping social’.
Para apoyar su propuesta, Sumar se refiere a modelos de compensación de países como Francia y Alemania, donde se consideran factores como la antigüedad o el salario del trabajador, así como las circunstancias del despido. En Francia se emplea un sistema de baremos y en Alemania se aplican normas específicas según el tipo de contrato y la duración del empleo.
En España, la indemnización establecida es de 33 días por año trabajado. CCOO y UGT han reclamado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que esta cuantía no es suficientemente disuasoria, lo que fue respaldado por el Comité. Sin embargo, el Tribunal Supremo español determinó que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse judicialmente para adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, describiendo las directrices de la Carta Social Europea como ‘declaraciones programáticas’ que requieren de legislación.
Ante esta situación, Sumar urge a una revisión legislativa que contemple una indemnización por despido improcedente que sea efectivamente disuasoria y compensatoria, instando al Gobierno a trabajar en conjunto con el diálogo social para lograrlo.